El presidente Gustavo Petro emitió el Decreto 1014 del 21 de septiembre, mediante el cual designó al congresista Armando Benedetti como ministro ad hoc para hacerse cargo del seguimiento del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión responde a que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se declaró impedido para asumir el caso.
Benedetti asumirá funciones equivalentes a las del ministro de Justicia y del Derecho, especialmente en lo pertinente al cumplimiento de la condena penal impuesta a Uribe. También ocupará la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y podrá adelantar actuaciones administrativas vinculadas al caso.
La designación del nuevo ministro ad hoc obedece a motivos de recusación e impedimento que involucraban al ministro Montealegre, quien expresó su imposibilidad de participar en el trámite de dicho proceso. Ante ello, el presidente validó el relevo institucional.
Más allá del caso Uribe, la responsabilidad de Benedetti incluirá otros procesos sensibles. Se le encargará el manejo de casos en centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y asuntos de extradicción de venezolanos requeridos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Este nombramiento genera opiniones encontradas en el panorama político y judicial, ya que implica que un actor con afiliación política asuma un rol decisivo en un expediente de alto perfil. La medida pone de relieve los desafíos sobre independencia, imparcialidad y la separación entre poderes.
El aparato estatal y las cortes estarán atentos al desempeño de Benedetti en esta nueva misión formal. Muchos sectores exigen que su gestión se desarrolle con transparencia, legalidad y respeto al debido proceso para que no se perciba como una intervención política en casos judiciales de gran repercusión.
