El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las declaraciones en las que acusó a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, de ser “cómplice de los falsos positivos”. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la tensión entre el mandatario y la oposición, y abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos en Colombia.
El fallo, conocido este lunes 27 de octubre, responde a una tutela interpuesta por la congresista, quien alegó vulneración a su derecho al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. Según el despacho judicial, Petro “no presentó pruebas que sustentaran su afirmación” y, por lo tanto, debe retractarse en un término de 48 horas mediante los mismos canales donde difundió su acusación: sus redes sociales oficiales.
El origen del conflicto: una acusación que escaló
La controversia se remonta a una publicación que el presidente hizo en su cuenta de X (antes Twitter), donde señaló que Paloma Valencia había sido “cómplice política de los falsos positivos”, en referencia a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su mensaje, Petro aseguró que la senadora “defendía a los responsables” de esos crímenes, lo que generó una ola de reacciones políticas y mediáticas.
La senadora, quien ha sido una de las más visibles figuras del Centro Democrático, respondió que las palabras del mandatario constituían una calumnia grave y una “intimidación desde el poder”. En consecuencia, interpuso una acción de tutela, argumentando que el presidente había abusado de su posición institucional para difundir afirmaciones falsas que afectaban su reputación personal y política.
En su defensa, el equipo jurídico de Petro sostuvo que las declaraciones se enmarcaban dentro del derecho a la libertad de expresión y del debate político legítimo. No obstante, el juez consideró que, aunque el presidente puede ejercer ese derecho, debe hacerlo con responsabilidad y soportado en hechos verificables, especialmente por su investidura.
La decisión judicial y sus implicaciones políticas
El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá fue claro en su fallo: el presidente debe publicar una retractación expresa, indicando que sus afirmaciones no tienen sustento probatorio y que no existen decisiones judiciales que vinculen a la senadora con los falsos positivos.
Además, el fallo subraya que las figuras públicas, y en especial quienes ostentan altos cargos del Estado, tienen un deber reforzado de prudencia en sus declaraciones. “El peso de la palabra presidencial puede causar daños irreparables”, señala el documento, en referencia al impacto que los pronunciamientos del jefe de Estado tienen sobre la opinión pública y las instituciones.
La decisión también se interpreta como un mensaje sobre la necesidad de preservar el equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales. En ese sentido, la justicia recordó que los funcionarios no pueden usar sus plataformas institucionales para emitir juicios personales o acusaciones sin fundamento.
Políticamente, la orden judicial supone un revés para el presidente en su relación con la oposición, especialmente con el uribismo. Desde el Centro Democrático, varios congresistas celebraron la decisión como una victoria del Estado de Derecho frente a lo que consideran “abusos retóricos del poder”. Por su parte, sectores afines al Gobierno han defendido que el fallo debe acatarse, aunque lo ven como una restricción excesiva al debate político.
¿Qué sigue tras la retractación y qué impacto puede tener?
De acuerdo con el fallo, Gustavo Petro dispone de dos días hábiles para publicar su retractación, utilizando los mismos canales donde emitió la acusación. El no cumplimiento podría acarrear sanciones disciplinarias o incluso un incidente de desacato, conforme a lo establecido por la ley.
La senadora Paloma Valencia afirmó que la decisión representa “un acto de justicia y un precedente necesario”. Agregó que espera una retractación clara, sin ambigüedades ni justificaciones políticas. “No se trata de silenciar al presidente, sino de exigirle el mismo respeto que él reclama para sí”, dijo la congresista en declaraciones a medios nacionales.
Este episodio también plantea interrogantes sobre el tono del discurso político en Colombia. El uso de las redes sociales como escenario de confrontación directa entre líderes ha intensificado las tensiones institucionales. Expertos en derecho constitucional sostienen que el fallo no solo es una victoria individual, sino una advertencia a los actores políticos sobre la responsabilidad de sus palabras en tiempos de polarización.
En términos judiciales, la orden de retractación se enmarca en la protección de los derechos fundamentales frente al discurso público. El caso podría convertirse en un precedente importante sobre cómo la justicia equilibra la libertad de expresión con la obligación de no difundir información falsa, especialmente desde el poder ejecutivo.
Mientras tanto, la atención se centra en cómo el presidente Gustavo Petro cumplirá la orden y si lo hará con un tono conciliador o crítico. Cualquiera sea su respuesta, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el Gobierno y la oposición, y la delgada línea entre la crítica política y la desinformación.
¿Podría este fallo cambiar el tono del debate político en Colombia?
La sentencia contra el presidente Petro no solo exige una reparación individual, sino que envía un mensaje institucional sobre la responsabilidad en el discurso público. En un país donde la confrontación política ha sustituido el diálogo, este tipo de decisiones puede servir como llamado a la mesura. La justicia ha recordado que la palabra, especialmente cuando proviene del poder, tiene consecuencias. La pregunta es si los líderes políticos están dispuestos a asumirlas.
