En una alocución realizada la noche del martes 3 de junio, el presidente Gustavo Petro confirmó que convocará, mediante decreto presidencial, una consulta popular por decreto con el objetivo de refrendar su reforma laboral, iniciativa que fue archivada en el Senado de la República en marzo y posteriormente hundida en mayo. Esta determinación ha provocado una fuerte reacción política, al incluir además nuevas preguntas relacionadas con el sistema de salud, lo que ha sido interpretado como una posible vulneración a la separación de poderes.
El mandatario justificó su decisión alegando irregularidades en el trámite legislativo que impidieron que el mecanismo de participación ciudadana fuera avalado en el Congreso. “Voy a decretar la consulta popular porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado. Hicieron trampa”, afirmó Petro, quien también invocó a la Corte Constitucional para que respalde su visión de restaurar el Estado Social de Derecho. “La Corte decidirá si el decreto se ajusta a las normas existentes”, añadió, dejando en manos del alto tribunal el futuro de su propuesta.
Partidos denuncian “golpe de Estado” y exigen revisión legal
La reacción del arco opositor no se hizo esperar. Ocho partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ— emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la acción del presidente como un “golpe de Estado”. Según estos sectores, el Ejecutivo está pasando por encima de una decisión legítima del Congreso y actuando de forma unilateral e inconstitucional.
“La consulta popular por decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, advirtieron en su declaración pública. Asimismo, pidieron a las altas cortes y a los entes de control que intervengan para garantizar que el decreto presidencial no viole la Constitución. “Instamos a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales a actuar con independencia y bajo el principio de legalidad”, exhortaron.
El comunicado subraya que la democracia colombiana se encuentra en una encrucijada crítica. “Petro ha anunciado su intención de imponer una consulta que ya fue rechazada por el Senado. Esta decisión representaría una violación directa a la Constitución y un atentado contra la separación de poderes”, alertaron los partidos.
La Registraduría en el centro del debate institucional
Uno de los llamados más directos fue dirigido al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, a quien se le pidió que actúe con absoluta autonomía e independencia. Los firmantes del comunicado resaltaron que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de fijar un calendario electoral para la consulta.
“En caso de que se expida un decreto, confiamos en que el Registrador valorará cuidadosamente la legalidad y legitimidad del acto antes de tomar cualquier decisión”, manifestaron. Asimismo, enfatizaron que Penagos debe verificar los procedimientos jurídicos que rigen los mecanismos de participación ciudadana.
El comunicado finaliza con un fuerte respaldo a la institucionalidad y un llamado a la ciudadanía para que respalde las decisiones de las ramas del poder público frente a lo que consideran una “imposición unilateral” del presidente Petro. Los partidos recordaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había declarado como “acto definitivo” el archivo del proyecto de consulta en el Senado, decisión que debería ser acatada por el Ejecutivo como muestra de respeto por la independencia judicial.
¿Consulta o confrontación institucional?
El anuncio presidencial de convocar una consulta popular por decreto abre un complejo escenario jurídico y político en Colombia. Aunque la Constitución contempla esta figura como un mecanismo de participación, su uso por decreto, tras haber sido negada por el Congreso, genera serios cuestionamientos sobre su legitimidad y los límites de la actuación presidencial.
El desenlace de esta confrontación dependerá, en gran medida, del análisis constitucional que realicen las altas cortes y de la respuesta institucional ante la posible convocatoria. Mientras tanto, el país permanece atento al desarrollo de una crisis que podría redefinir los alcances del Ejecutivo en un sistema de gobierno basado en la separación de poderes.
