El anuncio de un nuevo “paro armado” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) vuelve a encender las alertas humanitarias en Colombia. La medida, que inició el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a. m. y se extenderá por 72 horas, fue decretada en todos los territorios donde el grupo armado tiene influencia, incluyendo varias ciudades capitales y corredores estratégicos del país.
Aunque el ELN asegura que la acción está dirigida contra lo que denomina “amenazas de intervención imperialista”, distintos organismos y autoridades coinciden en que las principales consecuencias recaerán, una vez más, sobre la población civil.
Restricciones impuestas bajo amenaza
El paro armado implica restricciones generalizadas a la movilidad terrestre y fluvial, así como llamados a suspender actividades de transporte y comercio. En sus comunicados, el ELN advirtió a la ciudadanía que evite desplazamientos y que no permanezca cerca de instalaciones, vehículos o personal de la Fuerza Pública, una instrucción que, en la práctica, impone un control coercitivo sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Este tipo de acciones, según la Defensoría del Pueblo, paralizan economías locales, obstaculizan el acceso a servicios esenciales como salud y educación, y aumentan el riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos y violencias basadas en género, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
Advertencias desde el Derecho Internacional Humanitario
La Defensoría del Pueblo recordó que los llamados “paros armados” constituyen una forma ilegítima de control territorial y poblacional. Estas conductas infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que protegen a la población civil y prohíben los actos o amenazas cuya finalidad principal sea aterrorizarla.
Asimismo, advirtió que ningún actor armado puede arrogarse funciones de autoridad, imponer normas de convivencia ni establecer restricciones colectivas que afecten el abastecimiento y la satisfacción de necesidades básicas. Tales prácticas pueden constituir castigos colectivos y otras vulneraciones graves a las garantías fundamentales consagradas en los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.
Capitales bajo amenaza y expansión urbana del paro
El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN confirmó su adhesión al paro armado y lanzó advertencias directas contra varias ciudades y sus áreas metropolitanas y rurales. Según el comunicado, las capitales amenazadas son Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán.
La estructura urbana de la guerrilla llamó a suspender actividades de transporte público y comercio durante los días del paro, ampliando el impacto de la medida más allá de las zonas rurales y reforzando el riesgo para la población civil en contextos urbanos.
Reacciones del Gobierno y activación institucional
El presidente Gustavo Petro rechazó públicamente el anuncio y aseguró que el paro armado no afecta intereses extranjeros, sino que termina perjudicando a campesinos y comunidades. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la medida como un “constreñimiento criminal” y afirmó que todas las capacidades de la Fuerza Pública fueron activadas para enfrentar la amenaza.
El jefe de la cartera de Defensa reiteró que continúan vigentes las recompensas para ubicar y judicializar a integrantes del ELN y llamó a la ciudadanía a rechazar este tipo de acciones, que —según señaló— solo profundizan el terrorismo y el narcotráfico en el país.
Llamado urgente a proteger a la población civil
Ante el anuncio, la Defensoría del Pueblo activó sus mecanismos de seguimiento y monitoreo territorial para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección.
El organismo hizo un llamado urgente al ELN para que se abstenga de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil, y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a garantizar, de manera coordinada y proporcional, la seguridad, la movilidad y el acceso a alimentos, salud y educación, priorizando a niños, niñas, adolescentes y comunidades en condición de vulnerabilidad.
El nuevo paro armado, lejos de afectar a quienes dice dirigirse, vuelve a evidenciar que la población civil sigue siendo la principal víctima de una estrategia de presión armada que profundiza el miedo y la incertidumbre en amplias regiones del país.
