En una decisión que reaviva la polémica política nacional, una juez penal del circuito de Medellín ordenó compulsar copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe por su presunto involucramiento en los homicidios de Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña. La determinación surge en el marco de la sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez, exdirector de Inteligencia del DAS , por su vinculación al secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.
Ese fallo —de 82 páginas— traza una cronología en la que Narváez aparece como actor clave en esa trama criminal. Según la jueza Claudia Marcela Castro, Narváez habría coordinado con los paramilitares, entregado grabaciones ilegales y alentado la eliminación de opositores políticos, en una serie de hechos que combinarían actores del Estado con grupos armados ilegales. Asimismo, se menciona que en la finca La Marranera se habría conversado atacar a defensores de derechos humanos, con la presencia tanto de los hermanos Uribe como de un “general Ospina”.
Frente a esa compulsa de copias, Álvaro Uribe rechazó categóricamente la decisión judicial, calificándola de “miserable” y basándose en una acusación que considera “fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. “Es una declaración fantasiosa”, sostuvo en sus declaraciones públicas. Afirmó además que existe una sentencia de la Corte Interamericana que, según él, ya desvirtúa los señalamientos contra él.
El fallo también se apoya en los testimonios de exparamilitares como “Don Berna” y “Pedro Bonito”, que relatan la cercanía de Narváez a los campamentos de Carlos Castaño, la ideología radical impartida en esas instancias y la elaboración de listas de personas que debían ser neutralizadas. “De manera consistente y detallada, distintos desmovilizados de las AUC relataron la participación de Narváez … sus frecuentes visitas … las capacitaciones … las listas de objetivos que él mismo dictaba”, se lee en la decisión judicial. En ese contexto, la jueza considera que existió una articulación entre actores ilegales y estatales que facilitaron el secuestro y posibles asesinatos.
Para los críticos del caso, esta decisión representa un nuevo capítulo en la lucha judicial por hechos que datan de casi tres décadas, y reanima viejos debates sobre el poder político, la justicia transicional y la responsabilidad estatal frente a crímenes en el conflicto interno. En el ámbito judicial, abrir esta investigación contra personajes de alta proyección política tiene implicaciones simbólicas y jurídicas profundas, pues plantea que nadie esté por encima del escrutinio de los tribunales.
En definitiva, este proceso se convierte en una prueba de fuego para la independencia de las instituciones y para la credibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia en Colombia. En medio de acusaciones cruzadas, queda por ver si esta investigación prospera y si logra esclarecer uno de los capítulos más controvertidos del pasado reciente del país.
