La Cancillería de Colombia y la Imprenta Nacional firmaron un acuerdo interadministrativo para iniciar el proceso de fabricación del nuevo modelo de pasaportes, marcando el comienzo de una etapa transitoria tras la controversia del anterior contrato. Este convenio tiene una duración inicial de tres meses y contempla la producción de hasta 300 mil documentos de viaje.
El pacto surge luego de la cancelación del proceso contractual que estaba en manos de Thomas Greg & Sons, una decisión que generó múltiples reacciones tanto en el ámbito político como administrativo. La nueva alianza entre entidades estatales busca garantizar la continuidad en la emisión de pasaportes sin interrupciones, mientras se estructura un nuevo proceso de licitación pública.
¿Qué contempla el convenio firmado?
El convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional no solo permite avanzar en la producción inmediata de pasaportes, sino que también representa un paso importante en la política de fortalecimiento de la capacidad del Estado para asumir procesos estratégicos. La Imprenta Nacional será responsable de todo el ciclo de producción, incluyendo impresión, encuadernación, personalización y entrega del documento final.
Este acuerdo se fundamenta en una contratación directa amparada bajo la figura legal de los convenios interadministrativos, permitiendo una ejecución más ágil ante la urgencia de garantizar el servicio consular. El modelo de pasaporte que se implementará mantiene las especificaciones técnicas del diseño anterior, incluyendo las medidas de seguridad y el chip electrónico.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Imprenta ya cuenta con la capacidad instalada y la experiencia necesaria para asumir este reto. Desde hace varios años, esta entidad ha estado al frente de la elaboración de otros documentos oficiales con altos estándares de seguridad, como cédulas y tarjetas profesionales.
Transición tecnológica y próximos pasos
La implementación de este nuevo modelo de pasaportes no implica una transformación visual o tecnológica significativa en los documentos actuales. Se trata, más bien, de una fase de transición mientras se prepara un nuevo proceso contractual que permita seleccionar a un proveedor definitivo mediante una licitación abierta.
Durante este periodo de tres meses, la Cancillería espera atender la demanda represada por la pausa en la producción, causada por la disputa jurídica con el anterior contratista. En paralelo, se adelantan los estudios técnicos y jurídicos que sustentarán la nueva convocatoria pública.
Uno de los puntos clave será la definición de los criterios técnicos, financieros y de experiencia que se exigirán al futuro proveedor. Las autoridades buscan evitar nuevos tropiezos jurídicos que puedan poner en riesgo la expedición de documentos vitales para la ciudadanía, especialmente en temporadas de alta demanda como las vacaciones o los procesos de migración.
¿Qué significa este cambio para los ciudadanos?
Desde el punto de vista del usuario, la transición será prácticamente imperceptible. El documento conservará su apariencia y funcionalidad, y no se requerirá ningún trámite adicional para quienes ya cuentan con pasaportes vigentes. La Cancillería ha asegurado que el servicio consular seguirá operando con normalidad durante este tiempo.
Lo que sí representa un cambio es el fortalecimiento de la capacidad del Estado para responder ante situaciones críticas en la administración pública. Este convenio es visto como un precedente para otros sectores en los que la dependencia de contratistas privados ha generado cuellos de botella o controversias legales.
¿Podría este modelo de producción estatal volverse permanente? Aunque el actual acuerdo es transitorio, sectores dentro del gobierno han planteado la posibilidad de fortalecer capacidades internas para asumir de forma permanente la fabricación de documentos sensibles. Por ahora, la prioridad es garantizar la continuidad del servicio y asegurar la transparencia del próximo proceso de contratación.
