En las últimas horas, un joven de 17 años se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación , al ser vinculado con los preparativos del atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Según el ente investigador, este segundo menor habría participado en una de las reuniones de planificación previas al ataque.
La Fiscalía ha precisado que, por el momento, no se han impuesto cargos formales contra este nuevo implicado, quien ha quedado bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en tanto se realiza un interrogatorio complementario. El compromiso de este joven es colaborar ampliando su versión de los hechos en una futura diligencia.
En este momento, ya son seis personas judicializadas por su presunta participación en el ataque, entre ellas el menor autor material del disparo y cinco adultos presuntos coautores, identificados como coordinadores de logística, traslado del arma y vigilancia del sitio del atentado. Aunque todos han negado su responsabilidad, algunos están colaborando con las autoridades con miras a obtener beneficios judiciales.
El menor señalado como autor material, de apenas 14 años, fue imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Durante su captura, lesionado en una pierna por un disparo que intentó impedir su huida, gritó “Yo lo hice por plata, por mi familia” mientras era detenido, según quedó registrado en video.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo , ha subrayado que este joven fue instrumentalizado por una red de sicariato, y que se determinó su involucramiento por medios técnicos como análisis de balística y rastreo de comunicaciones. Camargo también enfatizó que, conforme a la Ley 1098 de 2006, el sistema penal para menores tiene un enfoque educativo y reparador, y la sanción máxima sería de 8 años en un centro de atención especializada, no en prisión común.
Este caso vuelve a poner en primer plano una problemática persistente en Colombia: el uso de adolescentes vulnerables como instrumentos de violencia política. Desde los años ochenta, estructuras criminales han recurrido al reclutamiento de menores, aprovechando contextos de pobreza y marginación, como lo recordó un reciente análisis periodístico: “cuatro décadas de niños sicarios”. El atentado contra Uribe Turbay reaviva este doloroso legado histórico y plantea urgentes reflexiones sobre prevención y protección de la infancia.En las últimas horas, un joven de 17 años se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación , al ser vinculado con los preparativos del atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Según el ente investigador, este segundo menor habría participado en una de las reuniones de planificación previas al ataque.
La Fiscalía ha precisado que, por el momento, no se han impuesto cargos formales contra este nuevo implicado, quien ha quedado bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en tanto se realiza un interrogatorio complementario. El compromiso de este joven es colaborar ampliando su versión de los hechos en una futura diligencia.
En este momento, ya son seis personas judicializadas por su presunta participación en el ataque, entre ellas el menor autor material del disparo y cinco adultos presuntos coautores, identificados como coordinadores de logística, traslado del arma y vigilancia del sitio del atentado. Aunque todos han negado su responsabilidad, algunos están colaborando con las autoridades con miras a obtener beneficios judiciales.
El menor señalado como autor material, de apenas 14 años, fue imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Durante su captura, lesionado en una pierna por un disparo que intentó impedir su huida, gritó “Yo lo hice por plata, por mi familia” mientras era detenido, según quedó registrado en video.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo , ha subrayado que este joven fue instrumentalizado por una red de sicariato, y que se determinó su involucramiento por medios técnicos como análisis de balística y rastreo de comunicaciones. Camargo también enfatizó que, conforme a la Ley 1098 de 2006, el sistema penal para menores tiene un enfoque educativo y reparador, y la sanción máxima sería de 8 años en un centro de atención especializada, no en prisión común.
Este caso vuelve a poner en primer plano una problemática persistente en Colombia: el uso de adolescentes vulnerables como instrumentos de violencia política. Desde los años ochenta, estructuras criminales han recurrido al reclutamiento de menores, aprovechando contextos de pobreza y marginación, como lo recordó un reciente análisis periodístico: “cuatro décadas de niños sicarios”. El atentado contra Uribe Turbay reaviva este doloroso legado histórico y plantea urgentes reflexiones sobre prevención y protección de la infancia.
