La Contraloría General de la República emitió una fuerte advertencia sobre la situación actual de la Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país, que hoy concentra a más de 10 millones de afiliados. El organismo de control detectó múltiples fallas en su gestión administrativa y financiera que ponen en riesgo tanto la prestación del servicio como la sostenibilidad de la entidad. Las irregularidades más críticas están relacionadas con anticipos mal manejados, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas, aspectos que son pilares para garantizar la estabilidad de una aseguradora de salud.
El informe, dado a conocer en Bogotá, evidencia que la EPS no solo enfrenta retrasos en los pagos a clínicas y hospitales, sino que además mantiene serias inconsistencias en sus procesos internos. Según la Contraloría, estos problemas comprometen de manera directa la atención de los usuarios y agravan la crisis estructural que ya vive el sistema de salud colombiano.
Falencias administrativas que preocupan
Uno de los hallazgos más graves está en la administración de los anticipos entregados a prestadores de servicios médicos. La Contraloría encontró que no existen controles efectivos para verificar si los recursos girados cumplen su propósito, lo que abre la puerta a posibles malos manejos.
A esto se suman inconsistencias en los procesos de facturación y contratación, que, según el organismo de control, carecen de transparencia y generan sobrecostos. También se identificó un volumen significativo de cuentas por pagar, situación que afecta la liquidez de los hospitales y clínicas contratados por la EPS.
La ausencia de reservas técnicas suficientes —fondos obligatorios que respaldan el pago de servicios médicos futuros— es otro de los puntos más críticos. Este vacío representa un riesgo financiero que podría dejar desprotegidos a millones de usuarios si no se corrige a tiempo.
Impacto en los afiliados y el sistema de salud
La crisis de la Nueva EPS no es un asunto aislado. Al concentrar la afiliación de una parte considerable de los colombianos, su inestabilidad golpea de manera directa a la red hospitalaria nacional. Los retrasos en los pagos ya han generado protestas de proveedores de salud, quienes advierten que sin recursos no podrán seguir garantizando servicios oportunos ni de calidad.
Expertos en políticas sanitarias han señalado que los problemas administrativos y financieros de la entidad reflejan las falencias estructurales del modelo de aseguramiento. En este sentido, la advertencia de la Contraloría prende las alarmas no solo sobre la EPS, sino sobre la sostenibilidad del sistema en general.
El organismo de control subrayó que la situación requiere acciones inmediatas por parte del Gobierno y de la Superintendencia Nacional de Salud. La prioridad debe ser proteger los recursos públicos de la salud y garantizar que los más de 10 millones de afiliados no sufran las consecuencias de esta crisis.
¿Qué pasará con la Nueva EPS?
La gran pregunta que surge es si la Nueva EPS podrá superar este panorama o si se encamina hacia un proceso de intervención estatal. En el pasado, la Superintendencia ha ordenado la liquidación de otras EPS por problemas similares, lo que genera preocupación entre afiliados y trabajadores.
Aunque el Gobierno no ha anunciado medidas concretas, la presión aumenta para que se establezca un plan de contingencia que evite un colapso de grandes proporciones. Las decisiones deberán equilibrar la necesidad de sanear las finanzas de la entidad con la obligación de asegurar la continuidad en la atención de los usuarios.
La advertencia de la Contraloría, más allá de ser un llamado de atención, abre un debate nacional sobre la viabilidad del actual esquema de aseguramiento en salud. ¿Podrá la Nueva EPS corregir sus fallas antes de que la crisis afecte de forma irreversible a los pacientes?
