Gustavo Petro enfrentó una nueva controversia este viernes tras la decisión del Consejo de Estado de ordenarle retractarse y eliminar un mensaje en el que llamó nazi a una opositora de su gobierno. En respuesta, el mandatario colombiano publicó un mensaje en la red social X donde reiteró su postura y defendió su derecho a expresarse en el debate público.

«Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales», afirmó Petro. Sin embargo, justificó el uso de la palabra nazi, argumentando que no siempre se refiere a alguien como genocida o criminal de guerra, sino a actitudes que, según él, atentan contra la democracia.

El debate sobre la libertad de expresión y la estigmatización

El presidente Petro defendió su postura argumentando que su mensaje fue una respuesta a quienes, según él, estigmatizan a sus seguidores por simpatizar con su proyecto de gobierno. «No puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores por el solo hecho de simpatizar con mis ideas. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia», afirmó.

El mandatario insistió en que no llamó genocidas o criminales de guerra a sus opositores, sino que buscó enfatizar la gravedad de estigmatizar a la izquierda y el progresismo. «Estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo es perfilar la democracia», agregó en su defensa.

Orden judicial y sus implicaciones

El Consejo de Estado ordenó al presidente Petro retractarse de su calificativo y eliminar el mensaje en un plazo de cinco días. Además, le exigió presentar excusas públicas a la persona afectada. La decisión judicial establece que, como jefe de Estado, no es admisible que utilice expresiones que puedan interpretarse como ataques desproporcionados contra sus críticos.

En su análisis, la alta corte determinó que Petro, en su calidad de presidente, tiene un deber especial de moderación en el discurso público. Su rol implica un alto nivel de responsabilidad en la forma en que se refiere a sus opositores políticos y en el impacto que sus declaraciones pueden tener en la sociedad.

Reacciones y futuro político

El pronunciamiento de Petro generó reacciones diversas. Mientras sus seguidores consideran que el presidente tiene derecho a expresarse libremente en defensa de su gobierno, sus opositores insisten en que su lenguaje polariza a la sociedad y atenta contra la sana discusión democrática.

El caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Colombia, especialmente en el ejercicio del poder. La decisión del Consejo de Estado podría sentar un precedente sobre el tipo de discurso aceptable en el debate público, y su cumplimiento será clave para evaluar la relación entre el gobierno y la oposición en los próximos meses.

¿Acatará el presidente Petro la decisión sin mayores controversias o insistirá en defender su derecho a expresarse como considere necesario? Lo que ocurra en los días siguientes podría marcar un punto de inflexión en su mandato.

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