La decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral marcó un nuevo capítulo en la revisión de los límites de financiación en las campañas presidenciales. El tribunal concluyó que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en financiación irregular y violación de topes electorales, con un monto que supera los 3.500 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta.
La resolución, discutida y votada en Cartagena, se convirtió en uno de los fallos más relevantes del organismo en los últimos años. Según el CNE, en la primera vuelta se detectaron excesos por más de 2.000 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta las irregularidades superaron los 500 millones. La decisión incluye sanciones económicas significativas para varios responsables de la campaña, además de medidas administrativas adicionales.
Votación y postura de los magistrados
La discusión al interior del CNE derivó en una votación de 6 a 3. Respaldaron la ponencia los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortíz, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab.
Los votos en contra provinieron del presidente del tribunal, Christian Quiroz, de la magistrada Fabiola Márquez y del conjuez Jorge Iván Acuña. Esta distribución de votos evidenció las tensiones internas entre las diferentes posturas frente a la responsabilidad administrativa de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
Sanciones económicas y responsables
El fallo determinó sanciones para el gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; para la auditora María Lucy Soto; y para la tesorera Lucy Aidee Mogollón. Cada uno deberá asumir multas superiores a los 2.000 millones de pesos por financiación irregular, así como otros 2.000 millones por violación de topes electorales en la primera vuelta.
Para la segunda vuelta, la sanción por financiación irregular supera los 627 millones, mientras que la relacionada con violación de topes asciende a 596 millones.
A esto se suman dos sanciones adicionales contra los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana. Cada organización deberá asumir dos multas de 583 millones de pesos: una correspondiente a la primera vuelta y otra al mismo valor por la segunda.
Según el CNE, estos montos deberán descontarse de la financiación estatal que reciben por funcionamiento.
La decisión también incluye la compulsa de copias hacia la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía para que se adelante una investigación sobre Ricardo Roa.
La resolución señala que la remisión se hace en medio magnético y corresponde al expediente CNEE-DG-2023-002164, vinculado al radicado 5914. Para el organismo electoral, esta medida forma parte del trámite institucional necesario ante los hallazgos registrados en la revisión de cuentas de la campaña.
Reacciones del presidente Petro a la sanción
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X. En su mensaje afirmó: “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no encontraron un peso”.
Según su declaración, la determinación del Consejo Nacional Electoral estaría influenciada por sectores opositores al Gobierno. Para el mandatario, el fallo es extemporáneo, parcializado y producto de lo que definió como un manejo político del organismo electoral por parte de la oposición.
En su mensaje también señaló que el conjuez encargado de votar en el proceso ya había tenido actuaciones en su contra.
Petro insistió en que las actividades consideradas como gastos de campaña no correspondían al periodo electoral y que los apoyos de organizaciones sindicales a los partidos no debían ser interpretados como ingresos irregulares.
Afirmó además que existe un tratamiento desigual frente a los aportes provenientes de empresas privadas y del sector financiero hacia campañas de sectores contrarios al actual Gobierno.
Otro punto de controversia mencionado por el mandatario se relacionó con la interpretación del CNE sobre el rol de los testigos electorales. De acuerdo con él, estos no forman parte de la estructura financiera de campaña y actúan dentro de las garantías democráticas posteriores al proceso electoral.
Petro sostuvo que incluirlos como gasto constituye una distorsión del marco normativo que regula los topes.
En su mensaje, el presidente comparó esta decisión con casos de financiación y violación de topes de administraciones anteriores, señalando que en su campaña no existieron ingresos de procedencia ilícita ni excesos reales en el techo de gastos.
Finalmente, Petro reiteró que la sanción constituye, a su juicio, una decisión administrativa impulsada por la oposición y aseguró que no la acepta.
¿Qué implica esta decisión para las organizaciones políticas?
La sanción del CNE obliga a una revisión profunda de los mecanismos de verificación financiera utilizados por los partidos sancionados y por otras organizaciones políticas.
Las multas que serán descontadas de la financiación estatal afectan directamente la capacidad operativa de los partidos involucrados.
El proceso que ahora avanza en la Comisión de Acusación y en la Fiscalía podría generar nuevas etapas judiciales dependiendo de los hallazgos iniciales.
La decisión también revive el debate sobre la independencia y el alcance del Consejo Nacional Electoral, una discusión recurrente en momentos de alta tensión política.
¿Qué efectos tendrá este caso sobre futuras campañas y sobre la percepción ciudadana del sistema de control electoral?
