La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo contundente en el caso del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, a quien se le acusa de irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes. La decisión tomada en primera instancia, lo destituye e inhabilita para ocupar cargos públicos durante una década, una medida que ha generado gran controversia en el ámbito político colombiano. Según el ente de control, Leyva fue el único responsable de declarar desierta esta licitación, algo que, en opinión de la Procuraduría, carecía de sustento suficiente.
En una serie de declaraciones a los medios, Leyva calificó la decisión de la Procuraduría como una jugada política y no jurídica. Su defensa se basa en que la inhabilidad responde a una maniobra en su contra, insinuando que días antes estaba prevista una decisión distinta. Esta polémica ha suscitado preguntas sobre el control y la transparencia en procesos de licitación estatal en Colombia.
Las razones de la destitución y el trasfondo del caso de los pasaportes
La licitación en cuestión buscaba adjudicar el contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, un proceso complejo debido a los estrictos requisitos técnicos y de seguridad. En su momento, el canciller Leyva declaró desierta la licitación, lo que implicaba un freno en la adjudicación del contrato y, por ende, en la disponibilidad de los pasaportes en el país. Esta decisión fue vista como arriesgada y provocó críticas, especialmente por parte de sectores que consideraron que existían alternativas viables para continuar con el proceso.
En su fallo, la Procuraduría General, a través del procurador delegado Ernesto Espinoza, argumentó que la licitación fue declarada desierta sin razones justificadas y que esta medida, a la postre, entorpeció los trámites para la expedición de pasaportes, afectando a miles de ciudadanos. Según Espinoza, el exministro fue el único responsable de esta decisión, por lo cual debía responder ante el ente de control.
Esta licitación era una oportunidad importante para modernizar y asegurar el sistema de emisión de pasaportes, un tema de seguridad nacional que incluye estándares biométricos y electrónicos, y cuyo impacto también tiene efectos económicos y sociales. La polémica y el desenlace del caso han puesto bajo el reflector tanto a la Cancillería colombiana como a la Procuraduría, y han reavivado las críticas sobre la manera en que se manejan estos procesos clave para el país.
“Imposición de pliegos sastre”: la reacción de Álvaro Leyva
En su primera reacción pública tras conocer el fallo, Leyva lanzó una acusación fuerte: “Hoy la Procuraduría General de la Nación ha pretendido imponer los pliegos sastre en Colombia». En el contexto colombiano, los “pliegos sastre” son documentos de licitación que se diseñan a la medida de ciertos intereses, una práctica comúnmente criticada y vinculada con actos de corrupción. Con esta frase, el excanciller insinuó que la decisión no buscaba defender el interés público, sino beneficiar a grupos específicos.
Leyva sostiene que su decisión de declarar desierta la licitación fue legítima y que, de hecho, se hizo con el objetivo de evitar estos posibles actos de favoritismo. Su versión contrasta con la de la Procuraduría, que ve en su proceder una obstrucción a la transparencia del proceso. Leyva también afirmó que, días atrás, la decisión esperada era distinta, y que esta drástica medida responde a una motivación política más que a un análisis objetivo.
En su discurso, el exministro se mostró firme en su defensa, asegurando que se trataba de una “jugada” para sacarlo del juego político, una movida que, según él, carece de fundamentos jurídicos.
El recurso de apelación: ¿tiene Leyva posibilidades de revertir la decisión?
Tras el fallo, el único camino para el exministro Leyva es presentar una apelación ante la procuradora general, un proceso que se espera sea extenso y posiblemente polémico. La apelación es el recurso administrativo que permite a un funcionario inhabilitado presentar pruebas y argumentos que busquen cambiar la decisión inicial. Sin embargo, los expertos advierten que el peso de las pruebas en su contra puede dificultar la reversión de la sanción impuesta.
La Procuraduría cuenta con autonomía para tomar este tipo de decisiones, y sus fallos suelen ser definitivos en términos de la carrera administrativa de los funcionarios. No obstante, Leyva ha manifestado su intención de ir hasta las últimas instancias, insistiendo en que la medida en su contra es injusta y refleja un sesgo político. A través de sus abogados, el excanciller plantea que su actuación en el caso de la licitación no solo fue correcta sino necesaria para evitar una adjudicación cuestionable.
El caso ha suscitado un debate más amplio sobre la gestión de licitaciones públicas en Colombia, especialmente en contratos de alta sensibilidad como el de pasaportes, donde los criterios de selección y adjudicación deben cumplir con los más altos estándares de transparencia y legalidad.
