El paro de 72 horas convocado por los docentes de Risaralda llega en un momento de máxima tensión para la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Mientras los maestros denuncian una grave crisis en el modelo de salud del magisterio, la Federación enfrenta acusaciones por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que abre un debate incómodo sobre la independencia y legitimidad de sus luchas.
El ruido de la política en medio de las protestas
Desde inicios de 2024, circulan documentos que apuntarían a que 500 millones de pesos de FECODE habrían entrado a la campaña Petro, pese a que la ley establece restricciones claras sobre el uso de recursos sindicales en actividades partidistas. Aunque el sindicato ha rechazado estas versiones, la falta de explicaciones contundentes mantiene vivas las sospechas. Esta situación debilita el discurso de autonomía sindical y siembra la duda de hasta qué punto los paros y marchas son reivindicaciones laborales genuinas o escenarios atravesados por lealtades políticas.
En ese contexto, las movilizaciones de esta semana en Pereira y Dosquebradas se interpretan de manera distinta: para algunos son un reclamo legítimo por la salud de los maestros; para otros, un recordatorio de cómo una organización sindical puede terminar siendo un actor político con intereses que trascienden lo laboral. La pregunta es inevitable: ¿está FECODE defendiendo derechos de los docentes o reforzando su cercanía con un gobierno al que, según las denuncias, pudo haber ayudado a llegar al poder?
La crisis real: la salud del magisterio
Al margen de la controversia política, la situación de los docentes en Risaralda es crítica. El modelo de salud que los atiende ha sido señalado por fallas estructurales: demoras en citas médicas, ausencia de medicamentos esenciales y precariedad en los servicios especializados. Esta problemática golpea directamente a maestros y sus familias, generando un malestar que no puede ignorarse.
Las marchas programadas en el Eje Cafetero buscan visibilizar esta crisis y exigir al Gobierno Nacional una intervención inmediata. Líderes sindicales insisten en que se trata de un asunto de vida o muerte para miles de educadores, que no debería mezclarse con la arena política. Sin embargo, la sombra de los cuestionamientos por financiación empaña la causa y pone en riesgo la legitimidad del reclamo.
¿Protesta social o estrategia política?
La coincidencia entre el estallido del paro y las acusaciones contra FECODE plantea un dilema mayor: ¿estamos frente a un movimiento sindical autónomo o a una organización cuya agenda está atravesada por compromisos políticos? La credibilidad del gremio depende de su capacidad de separar con claridad sus luchas sociales de las disputas partidistas. De lo contrario, cada movilización corre el riesgo de interpretarse como un capítulo más de la política electoral.
El caso de Risaralda revela lo frágil que puede ser la línea entre la defensa de derechos y la militancia política cuando las instituciones sindicales no logran despejar las dudas que pesan sobre ellas. Si bien el derecho a la salud de los docentes es incuestionable, la pregunta que resuena en la opinión pública es inevitable: ¿puede FECODE liderar un paro legítimo mientras no esclarezca del todo su papel en la financiación de campañas presidenciales?
