Una mujer que había sido secuestrada en zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico de Nariño, logró escapar de sus captores tras permanecer cerca de cinco días en cautiverio. Su huida, en medio de condiciones extremas, permitió que posteriormente fuera ubicada por tropas del Ejército Nacional que adelantaban operaciones en la región.
De acuerdo con información oficial, el secuestro habría sido perpetrado por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 30 Rafael Aguilera, vinculado a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, habría sido retenida en contra de su voluntad en una zona rural de difícil acceso.
Según las autoridades, la mujer aprovechó un descuido de sus captores para escapar y se internó en la selva de la subregión del Sanquianga, donde permaneció durante tres días desplazándose a pie en condiciones adversas. Durante ese tiempo, enfrentó riesgos propios del entorno, como la presencia de animales salvajes, además del peligro de ser recapturada por el grupo armado.
La liberación se concretó cuando la mujer logró ubicar a una patrulla del Ejército que realizaba labores de control territorial en la zona. Las tropas, adscritas al Batallón de Operaciones Terrestres N.° 16 de la Fuerza de Tarea Hércules, activaron de inmediato los protocolos de protección y asistencia para garantizar su seguridad.
El coronel Yeison Gómez, comandante encargado de la Fuerza de Tarea Hércules, confirmó que la operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que se busca contrarrestar delitos que afectan la libertad personal en el Pacífico nariñense. Tras su rescate, la mujer recibió atención médica y acompañamiento psicosocial por parte de las autoridades competentes.
Las investigaciones avanzan para establecer las circunstancias exactas del secuestro y la posible participación de otros integrantes de la estructura armada. Este caso vuelve a poner en evidencia la presencia y accionar de grupos ilegales en esta región del país, donde persisten riesgos para la población civil.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de los ciudadanos, al tiempo que aseguraron que continuarán desarrollando operaciones sostenidas para fortalecer la seguridad y proteger a las comunidades del Pacífico colombiano.
