El Ministerio de Justicia ha dispuesto que las tutelas contra el presidente Gustavo Petro ya no serán tramitadas por el Consejo de Estado, como venía ocurriendo. Esta modificación, según fuentes oficiales, se sustenta en la interpretación del Decreto 2591 de 1991, que regula la acción de tutela, y busca «garantizar una distribución más equitativa de las competencias judiciales».
La decisión fue adoptada con el argumento de que el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, no es el juez natural para conocer de estas acciones cuando el presidente actúe en calidad de autoridad pública. A partir de ahora, serán los jueces civiles del circuito quienes asuman competencia en estos casos, según lineamientos del Ministerio.
Reacciones encontradas y cuestionamientos a la decisión
La medida no tardó en despertar críticas de diferentes sectores políticos y académicos. Para muchos juristas, este cambio representa un retroceso en las garantías institucionales, ya que el Consejo de Estado es considerado una instancia especializada y con experiencia en temas relacionados con el poder ejecutivo y los actos administrativos.
Algunos analistas advierten que trasladar la competencia a jueces ordinarios podría diluir la relevancia institucional del control de legalidad sobre los actos del presidente. Otros, en cambio, consideran que la decisión del Ministerio apunta a descongestionar al Consejo de Estado y fortalecer la pluralidad jurisdiccional.
Sin embargo, la controversia crece ante la coincidencia de esta decisión con el aumento reciente de tutelas contra actos del presidente Gustavo Petro, muchas de las cuales estaban siendo analizadas por dicha alta corte. Algunos opositores califican la acción como un intento de blindaje político.
¿Qué implicaciones tiene este cambio en el equilibrio institucional?
El cambio de competencia podría tener consecuencias significativas en la dinámica de control judicial sobre la Presidencia, particularmente si se considera que las tutelas han sido utilizadas como herramienta efectiva para cuestionar decisiones de alto impacto, desde nombramientos hasta declaraciones públicas con posibles efectos jurídicos.
El Consejo de Estado ha actuado como tribunal garante del equilibrio entre poderes, y esta modificación abre interrogantes sobre el alcance de su rol futuro. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha defendido su interpretación jurídica, asegurando que no hay intención política y que se actúa en conformidad con el bloque de constitucionalidad.
Organizaciones de la sociedad civil y observatorios judiciales han solicitado mayor transparencia y que se eleve el debate a instancias como la Corte Constitucional, la cual podría revisar casos emblemáticos si se configura una afectación sustancial al derecho fundamental de tutela o al debido proceso.
