El Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el departamento del Chocó, el primero de 2026, que ya deja más de 6.000 personas confinadas en la subregión del Bajo Baudó. La medida comenzó en la madrugada del miércoles 17 de marzo y restringe completamente la movilidad fluvial en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, corredores esenciales para la vida cotidiana de comunidades indígenas y afrodescendientes.
De acuerdo con reportes de autoridades locales, al menos 6.315 personas de 26 comunidades permanecen sin posibilidad de desplazarse, lo que limita el acceso a alimentos, atención médica y servicios básicos. La restricción impuesta por el grupo armado afecta directamente la subsistencia de estas poblaciones, que dependen de los ríos como principales vías de transporte.
El paro fue anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, que argumenta que la medida responde a la presencia y expansión del Clan del Golfo en la zona. Según el comunicado, la suspensión del transporte fluvial busca evitar enfrentamientos o “accidentes” al no poder diferenciar entre embarcaciones civiles y presuntos integrantes de ese grupo armado.
Sin embargo, para las autoridades, la acción representa un nuevo episodio de control territorial por parte del ELN en una región históricamente afectada por el conflicto armado. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó la gravedad de la situación y alertó sobre el impacto directo en la población civil, que queda en medio de la confrontación.
La mandataria también denunció una escalada reciente de violencia en el departamento. Un día antes del inicio del paro armado, el ELN habría atacado con granadas lanzadas desde drones la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró. Este hecho se suma a otros ataques registrados en zonas como San José del Palmar y Sipí.
Ante el deterioro del orden público, la Gobernación instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública y el Ministerio Público, mientras que la Armada Nacional reforzó la vigilancia en los ríos afectados. Las autoridades buscan mitigar los riesgos para las comunidades y evitar nuevas acciones violentas.
El paro armado no solo restringe la movilidad, sino que profundiza una crisis humanitaria en el territorio. La imposibilidad de transportar alimentos y acceder a servicios básicos agrava las condiciones de vulnerabilidad de miles de familias, que permanecen confinadas sin garantías mínimas.
Este nuevo episodio ocurre apenas tres meses después de un paro armado nacional decretado por el ELN en diciembre pasado, que afectó a al menos 13 departamentos. La repetición de estas acciones evidencia la persistencia del conflicto y el impacto que sigue teniendo sobre la población civil en regiones apartadas del país.
