Más de 300 estudiantes de las zonas rurales de Inzá y Totoró permanecen sin clases debido a los recientes combates en el Cauca entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC. La confrontación armada, que inició a comienzos de esta semana, ha generado un clima de miedo que obligó a suspender las actividades académicas en varias instituciones, afectando a menores de primaria y bachillerato.
La comunidad denuncia que los enfrentamientos se desarrollan cerca de los cascos urbanos y, en algunos casos, a pocos metros de los colegios. Padres de familia, líderes comunitarios y autoridades locales han advertido sobre el riesgo que corren los estudiantes y docentes al transitar por las vías rurales, que hoy están marcadas por la presencia de hombres armados y explosivos.
Escuelas cerradas y comunidades aisladas
En el municipio de Inzá, las clases fueron interrumpidas en las veredas Guanacas, San Andrés y otras zonas cercanas a la vía que conecta con Belalcázar. Los directivos escolares informaron que la suspensión se mantendrá hasta que se garantice la seguridad, medida que también se replica en Totoró, donde la movilidad está limitada por los bloqueos y retenes ilegales.
La Secretaría de Educación del Cauca confirmó que esta situación pone en riesgo no solo el calendario académico, sino también el derecho fundamental a la educación de cientos de niños y adolescentes. Muchos de ellos dependen de los comedores escolares para recibir su principal alimento del día, lo que agrava la crisis social en la región.
Los docentes advierten que la ausencia prolongada de clases podría profundizar el rezago educativo en comunidades que ya enfrentan problemas de conectividad, infraestructura precaria y difícil acceso a programas de refuerzo escolar.
Combates y respuesta de las autoridades
Según fuentes militares, los combates en el oriente del Cauca son parte de una ofensiva para recuperar el control territorial frente a las estructuras armadas ilegales. El Ejército Nacional ha desplegado unidades en la zona, apoyadas por helicópteros y patrullajes terrestres, con el objetivo de neutralizar a los grupos que se disputan las rutas de narcotráfico y el control de la población.
Por su parte, las organizaciones sociales insisten en que el uso de la fuerza debe ir acompañado de un plan integral de seguridad que incluya protección para la comunidad educativa y asistencia humanitaria. Los líderes locales solicitan la activación de corredores humanitarios para garantizar el desplazamiento seguro de estudiantes y maestros.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado, confinamiento y desplazamiento masivo, fenómenos que históricamente han afectado a estas comunidades rurales.
