La intensificación de la violencia armada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, ha provocado una nueva ola de desplazamiento forzado hacia Cali. Desde el pasado 16 de diciembre, la ciudad ha recibido de manera paulatina a familias que huyeron de su territorio tras hechos armados que alteraron gravemente el orden público y pusieron en riesgo a la población civil.
De acuerdo con el reporte consolidado de la Personería Distrital de Santiago de Cali, hasta la fecha se han recibido 103 declaraciones, correspondientes a 203 familias, todas provenientes de ese municipio caucano. El flujo más crítico se registró el 29 de diciembre, cuando 36 familias integradas por 82 personas llegaron de manera simultánea al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) solicitando ayuda urgente tras verse obligadas a abandonar sus hogares.
Las cifras reflejan la dimensión del impacto humanitario: Entre las personas desplazadas se encuentran 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas. El principal hecho victimizante reportado es el desplazamiento forzado, acompañado de amenazas, atentados y un caso de abuso sexual, lo que evidencia el nivel de riesgo al que estuvieron expuestas estas comunidades.
El personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, advirtió que el suroccidente colombiano no puede convertirse en un nuevo escenario de crisis humanitaria prolongada. Señaló que Cali cuenta con institucionalidad y con la responsabilidad constitucional de responder de manera oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado.
Violencia armada, miedo y riesgo de reclutamiento
Según los testimonios recogidos, el desplazamiento se produjo tras una toma armada del municipio, presuntamente atribuida a disidencias de las FARC. Los hechos dejaron daños en viviendas, la Alcaldía Municipal y la estación de Policía, además de la instalación de artefactos explosivos en accesos y zonas rurales, generando un ambiente de miedo generalizado.
Muchas familias decidieron salir de forma precipitada ante el temor de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, una de las principales razones que motivó la huida hacia Cali. Actualmente, la mayoría de estas familias se encuentra dispersa en distintos barrios de la ciudad, en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica.
Respuesta institucional y seguimiento al desplazamiento
El 30 de diciembre, la Personería tomó formalmente la declaración colectiva del evento masivo, la cual se encuentra en trámite para ser remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), paso necesario para su valoración y registro oficial.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es evitar que la violencia se traduzca en abandono institucional y asegurar una respuesta articulada entre entidades locales y nacionales. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo permanente del flujo de personas desplazadas y la evaluación de nuevas necesidades humanitarias.
La situación en Buenos Aires, Cauca, y la llegada de familias a Cali vuelven a poner sobre la mesa los desafíos que persisten en el suroccidente del país frente al conflicto armado, así como la urgencia de proteger a la población civil y garantizar sus derechos en medio de un contexto de alta complejidad social y humanitaria.
