Por la presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz han presentado una ponencia detallada que formalmente inicia la investigación contra el actual presidente y su equipo de campaña. Este documento de más de cien páginas está repleto de pruebas documentales y testimonios que apuntan a irregularidades, incluida la omisión de aportes en especie por parte de la empresa Daily Cop, valuados en dos mil millones de pesos.
Uno de los puntos críticos de la acusación es la revelación de contribuciones cuestionables, como las provenientes de entidades como Fecode y la USO. Se alega que estas donaciones, junto con otros pagos no declarados, ascienden a más de mil millones de pesos. La implicación de Fecode y la USO es especialmente significativa, ya que plantea dudas sobre posibles maniobras financieras destinadas a encubrir el verdadero uso de los fondos.
Además, la participación del profesor Cristian Uscátegui, quien afirmó haber recibido pagos por su trabajo durante la jornada electoral, revela una brecha en los registros contables de la campaña Petro Presidente. Este testimonio ha generado un gran revuelo en la opinión pública del país.
La presentación de la ponencia de acusación ante el Consejo Nacional Electoral marca un punto crucial en este proceso. Ahora, los ocho magistrados del CNE deben decidir si proceden con la formulación e imputación de cargos o si archivan el caso. Esta decisión no solo afectará a los directivos de la campaña implicados, sino que también podría influir en otras investigaciones en curso sobre Gustavo Petro y otros funcionarios de alto nivel.
Mientras tanto, la defensa de Gustavo Petro está tomando medidas estratégicas para contrarrestar la investigación en curso. Se ha solicitado que el caso sea transferido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que es la entidad adecuada para investigar a un presidente en funciones.
