El caso del secuestro de Lyan Hortúa, un niño de seis años que permaneció 18 días en poder de las disidencias de las FARC en Jamundí, Valle del Cauca, ha conmocionado a Colombia. Más allá de la emotiva imagen de su liberación, revelada el 21 de mayo de 2025, lo que hay detrás de su retorno al hogar son hechos profundamente preocupantes: la familia tuvo que pagar un rescate para conseguir su libertad.
La revelación fue hecha por Sebastián Bonilla, tío del menor, en una entrevista con La FM. «Nos vimos obligados a pagar un rescate», declaró, subrayando la desesperación vivida ante la falta de acción efectiva del Estado. Aunque no se precisó la cifra entregada, el impacto emocional y económico ha sido devastador para los Hortúa. “Lo único que importaba era salvar la vida del niño”, afirmó Bonilla, mientras relataba los días de zozobra que vivieron.
Disidencias de las FARC, responsables del secuestro
Según reportes de la Defensoría del Pueblo y versiones recogidas por Infobae, el rapto fue atribuido a una estructura armada que opera en el suroccidente del país. En la tarde del 21 de mayo, se realizó la entrega del menor en una zona rural cercana al casco urbano de Jamundí, en un operativo que contó con la participación de organismos humanitarios.
Sin embargo, esta versión fue inicialmente contrastada por medios gubernamentales, que atribuyeron la liberación a la presión de las autoridades. La familia desmintió dicha narrativa, asegurando que el Estado no solo fue ineficaz, sino también ausente. “No recibimos ningún tipo de acompañamiento por parte del presidente Gustavo Petro”, denunció el tío del niño, criticando la falta de solidaridad del Gobierno durante la crisis.
El caso ha reavivado el debate sobre el alcance y control de las disidencias de las FARC, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, donde los grupos armados ilegales continúan imponiendo su ley mediante secuestros y extorsiones, en clara violación a los derechos fundamentales de la población civil.
Un silencio oficial que indigna a la ciudadanía
La indignación pública no tardó en manifestarse. Numerosos ciudadanos han cuestionado la pasividad del Ejecutivo, en especial la actitud del presidente Petro, quien —según los familiares— se pronunció solo después de que Lyan Hortúa ya había sido liberado. El trino que publicó el mandatario fue considerado tardío e insuficiente frente a la gravedad del caso.
Este episodio pone en evidencia las grietas del actual enfoque de seguridad en regiones marcadas por la violencia estructural. Mientras el Estado promueve negociaciones con actores armados, en terreno muchos ciudadanos siguen enfrentando la violencia sin garantías reales de protección.
En este contexto, voces expertas han llamado la atención sobre la necesidad de reforzar las acciones del Estado en territorios donde la institucionalidad es frágil. La liberación de Lyan Hortúa no debería entenderse como una victoria de la presión oficial, sino como una muestra del costo que la ciudadanía debe asumir cuando las instituciones fallan.
¿Qué sigue tras la liberación de Lyan?
Aunque el menor ya está en casa y en buen estado físico, su familia permanece afectada por las secuelas psicológicas y la incertidumbre económica derivada del rescate pagado. Las autoridades aún no han brindado detalles sobre investigaciones en curso, ni sobre capturas relacionadas con el hecho.
Además del dolor personal, este caso plantea preguntas de fondo: ¿qué garantías ofrece el Estado a las víctimas del secuestro? ¿Qué mecanismos existen para proteger a las familias que, ante la negligencia institucional, optan por negociar con grupos ilegales?
La historia de Lyan es una de tantas que quedan marcadas por la violencia, pero también por la resiliencia. Aunque regresó con vida, su caso refleja el precio que muchas familias deben pagar en un país donde aún persisten prácticas de guerra.
