La decisión de la Procuraduría General de la Nación de formular pliego de cargos contra Gloria Lyda López Ortiz, directora administrativa de Bienes y Servicios de la Gobernación de Risaralda, retoma una situación que ya había sido denunciada públicamente por Álvaro William López y el medio El Expreso.
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En dichas publicaciones se cuestionó su nombramiento por presunto incumplimiento de requisitos, la validez de documentos académicos aportados y un posible conflicto derivado de su relación con la empresa Metales y Conceptos, que contrató $3.329 millones con la Gobernación en procesos que, según la denuncia, ella habría proyectado. La funcionaria fue designada durante la administración de Víctor Manuel Tamayo y continúa en el actual gobierno de Juan Diego Patiño.
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la directora administrativa de bienes y servicios generales de Risaralda, Gloria Lyda López Ortiz, por posesionarse en el cargo, de nivel directivo, sin aparentemente acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos exigidos.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda señaló que presuntamente la disciplinable no presentó documentos suficientes para certificar lo relacionado con la formación académica y la experiencia profesional relacionada para ocupar el empleo, pasando por alto lo establecido en el manual específico de funciones.
En ese sentido, el Ente de control advirtió que aparentemente la funcionaria acreditó una especialización para cumplir los requisitos básicos, la misma que utilizó para que se le homologara la experiencia profesional, sin que los mismos suplieran lo necesario para posesionarse y ejercer en un empleo del nivel directivo.
El Ministerio Público aclaró que la posible conducta se materializó desde el 23 de enero de 2023, la cual tendría incidencia directa en la estructura administrativa departamental, por lo que la calificó como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa.
