En un contundente desarrollo institucional, la Procuraduría General de la Nación ordenó llamar a declarar bajo la gravedad de juramento a la estratega catalana Eva Ferrer y a otros cinco exservidores públicos. La decisión administrativa busca esclarecer y verificar la veracidad de los presuntos actos de corrupción expuestos recientemente en publicaciones periodísticas de la revista Semana, las cuales señalan directamente a la exprimera dama Verónica Alcocer y a diversos exintegrantes del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Además del llamado a Ferrer, la resolución del organismo de control vincula formalmente a declarar a Carmen Caballero (exdirectora de ProColombia), Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte y exembajador de Colombia en Suecia) e Ingrid Carolina Plata Navas (contratista y allegada a Alcocer). La diligencia fue formalizada dentro del marco de un expediente previo abierto a raíz de los graves señalamientos públicos presentados por Ferrer sobre la gestión y conducta de diversos servidores en el ejercicio de sus funciones.
Las graves denuncias que originaron el proceso disciplinario
El trasfondo del llamado preventivo del órgano fiscalizador responde a un entramado de acusaciones que involucran delitos de alto impacto. Según lo expuesto en las publicaciones periodísticas y los testimonios brindados por la exasesora presidencial para la Niñez y la Adolescencia, existió una estructura irregular presuntamente liderada por Verónica Alcocer, en la cual se atribuyen actuaciones vinculadas al lavado de activos, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de armas y el uso opaco de aviones privados.
En sus declaraciones públicas, Eva Ferrer sostuvo que decidió romper el silencio e interponer la denuncia ante la opinión pública e instancias legales por motivos estrictamente ligados a su protección personal y profesional, manifestando temor por su seguridad tras recibir llamadas amedrentadoras e intimidaciones de muerte luego de la divulgación inicial de audios el primero de agosto de 2026.
Dentro de los hechos concretos bajo investigación, Ferrer detalló el presunto ingreso irregular a Colombia de USD 2,5 millones procedentes de Venezuela en enero de 2023. De acuerdo con el testimonio de la consultora política, dicha operación habría sido coordinada junto al empresario catalán Manel Grau, teniendo como destino parcial el financiamiento de la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Ferrer argumentó en sus señalamientos que la exesposa del mandatario operaba como la cabeza no visible de una red que movilizaba sumas de dinero, drogas y armas hacia y desde el país vecino, catalogando condicionalmente la participación del expresidente Petro como una pieza beneficiaria de la estructura organizativa en materia electoral y logística.
El presunto uso de vuelos confidenciales y enlaces internacionales
El expediente también contempla la indagación sobre los esquemas de movilidad institucional y privada empleados por la red señalada. De acuerdo con lo relatado por Ferrer, los traslados aéreos entre Colombia y Venezuela eran coordinados bajo estricta confidencialidad por Carolina Plata, empleando indistintamente la aeronave presidencial o el avión asignado al despacho de la primera dama.
A la par, las declaraciones salpican redes e intermediaciones internacionales. Ferrer denunció la presencia de supuestos contactos italianos —entre ellos Enrico Romagnoli— presuntamente involucrados en el tráfico de armamento y estupefacientes, quienes habrían sostenido reuniones privadas en Barcelona con el entorno cercano del Gobierno y posteriormente acompañado a Alcocer en viajes institucionales a Suecia durante la gestión diplomática de Guillermo Reyes.
Por otra parte, los relatos aluden a controversias por manejo de recursos entre Alcocer y el exrepresentante a la Cámara Agmeth Escaf, así como a crisis matrimoniales entre la pareja presidencial que derivaron en dinámicas de desconfianza durante la contienda electoral. Frente a estos hechos, Laura Sarabia se pronunció públicamente señalando que si se evidencian delitos se deben entregar las correspondientes pruebas ante la justicia, mientras que el expresidente Petro reaccionó a las declaraciones presentadas contra Alcocer.
Orden de pruebas e instrucción investigativa
Para darle cauce a estas diligencias, el auto firmado por el Ministerio Público encomendó tareas específicas a las dependencias técnicas del organismo disciplinario:
- Práctica de pruebas: Se ordenó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas documentales y testimoniales pertinentes para recaudar el material probatorio suficiente.
- Verificación de hechos: Evaluar de forma objetiva la ocurrencia de los hechos denunciados y establecer si la conducta de los exservidores públicos configura faltas disciplinarias o vulneraciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
- Toma de testimonios: Recepcionar la declaración bajo juramento de las seis personas citadas en las fechas y horas dispuestas por el despacho instructor.
El órgano de control busca de esta manera esclarecer la veracidad técnica y testimonial de las denuncias formuladas, garantizando el debido proceso para los vinculados y determinando si existen méritos probatorios para la apertura formal de pliegos disciplinarios o el traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación.
