La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este miércoles una declaración categórica denunciando el asedio y hostigamiento llevado a cabo por fuerzas de seguridad venezolanas contra la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados seis ciudadanos venezolanos desde marzo de 2024. La situación ha escalado al punto de que, según el organismo, el régimen chavista ha instalado un francotirador en los alrededores de la embajada, lo que representa una flagrante violación de las normas internacionales.
Un asedio que desafía el derecho internacional
En su comunicado, la OEA subrayó que las acciones del gobierno venezolano contravienen la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tratados que garantizan la protección e inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La organización denunció la intimidación mediante personal armado, los cortes de energía y agua, y la interrupción del acceso a alimentos, acciones que, según la Secretaría General de la OEA, ponen en grave peligro la vida y la integridad de los asilados.
El organismo internacional calificó la negativa de Venezuela a otorgar salvoconductos como una violación directa a sus obligaciones internacionales, destacando que esta situación no solo agrava las condiciones de los refugiados políticos, sino que también atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos.
Un llamado a la acción global
Ante este contexto, la OEA ha solicitado a la comunidad internacional tomar una postura firme y solidaria con los asilados, exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro el respeto al derecho de asilo diplomático. “Es imperativo que se garanticen los salvoconductos necesarios para una salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que permanecen en la embajada argentina”, enfatizó el organismo.
Esta situación también ha provocado una respuesta conjunta de varios países de América Latina y aliados internacionales. Una declaración presentada en la OEA por Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países exige la concesión inmediata de salvoconductos. El representante de Paraguay ante la organización, Raúl Florentín, lideró la presentación del texto, que contó con el apoyo de países como Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú, entre otros.
En su intervención, Florentín destacó que esta situación afecta no solo a los asilados, sino también a la estabilidad regional. Por su parte, el canciller argentino, Gerardo Werthein, hizo un llamado a la OEA para que actúe con «firmeza y determinación» ante lo que consideró un acto inaceptable contra las normas internacionales.
Las tensiones con la embajada argentina
El asedio a la embajada argentina es un reflejo de las tensiones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires en el marco de la crisis venezolana. Desde agosto pasado, la sede diplomática se encuentra bajo la protección de Brasil, luego de que los diplomáticos argentinos fueran expulsados tras acusaciones de Caracas sobre presuntos «actos terroristas» planeados por los asilados. En septiembre, el gobierno venezolano revocó incluso la autorización para la protección brasileña, intensificando aún más la situación.
El chavismo ha utilizado el despliegue de fuerzas armadas alrededor de la embajada como una medida para ejercer presión y bloquear cualquier intento de salida de los asilados, a quienes acusa de conspiración. Sin embargo, la comunidad internacional ha rechazado estas acciones, considerando que violan el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas y ponen en peligro la estabilidad regional.
El desafío a los principios de la diplomacia
La postura de la OEA y los países aliados en este caso deja claro que el respeto al derecho internacional y la protección de las misiones diplomáticas son pilares fundamentales para la estabilidad en América Latina. La negativa del régimen de Maduro a conceder los salvoconductos pone en evidencia un desafío directo a estos principios y una grave amenaza para los derechos humanos de los asilados.
¿Podrá la presión internacional obligar al gobierno venezolano a ceder y respetar el derecho de asilo diplomático? Por ahora, la situación sigue siendo crítica, y el desenlace de este caso podría sentar un precedente en la región sobre el respeto a las normas diplomáticas y los derechos humanos en contextos de crisis.
