La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación luego de ser víctima de intensas intimidaciones y hostigamientos a través de plataformas digitales. La funcionaria solicitó formalmente al ente de control judicial una pronta investigación que permita identificar a los responsables y esclarecer las responsabilidades legales correspondientes tras haber recibido explícitas amenazas de muerte y amedrentamientos dirigidos contra su integridad física.
La acción legal interpuesta ante la justicia penal expone detalladamente la escalada de violencia digital sufrida por la alta funcionaria en los últimos días. Según los hechos presentados en la radicación, las agresiones cibernéticas comenzaron a intensificarse a partir de controversias públicas y debates sobre los procesos institucionales del organismo encargado de la protección de la niñez. Sin embargo, la situación escaló velozmente cuando el acoso traspasó el entorno virtual para convertirse en un riesgo real hacia su vida e integridad personal.
Escalada de intimidaciones y seguimiento en tiempo real
De acuerdo con la información aportada en el expediente presentado ante las autoridades, el hostigamiento digital inició con ofensas e insultos cargados de hostilidad. La funcionaria puntualizó que el pasado 26 de septiembre detectó en su cuenta oficial de Facebook una serie de publicaciones injuriosas y denigrantes. No obstante, la gravedad de los acontecimientos incrementó al día siguiente, cuando diversos usuarios en redes sociales comenzaron a divulgar públicamente su ubicación geográfica exacta.
El punto de mayor alerta se registró mientras la directora del ICBF realizaba desplazamientos institucionales. A través de las redes sociales X (anteriormente Twitter) y Facebook, se difundió de manera detallada su presencia física en el aeropuerto de Cali. De manera simultánea a la revelación de su localización geográfica en tiempo real, se publicaron mensajes de texto amenazantes e incitaciones a abordarla o confrontarla directamente.
En la exposición de motivos de su acción legal, la directora María Carolina Restrepo enfatizó la peligrosidad de tales actos: “En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”. La revelación pública de su itinerario sumada al tono hostil del público derivó en un contexto de altísima vulnerabilidad para la servidora pública.
Solicitud de investigación formal contra tres perfiles digitales
Ante la inminencia del riesgo y la gravedad de las conductas denunciadas, la funcionaria solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una indagación penal en contra de los titulares de tres perfiles específicos identificados en redes sociales. La petición solicita que se les investigue por la presunta comisión de los delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria.
Entre las evidencias presentadas en la denuncia formal se destacan mensajes con expresiones como: “Nunca en mi vida me habían dado ganas de acercarme a un funcionario público a preguntarle qué tiene en la cabeza. Hoy sí”. Este tipo de aseveraciones, según la argumentación entregada a las autoridades judiciales, trascendieron por completo el ejercicio constructivo de la libertad de expresión o la crítica a la gestión pública, configurando una clara intimidación violenta e incitación al acoso físico en lugares públicos.
La representación jurídica del caso argumenta que el uso sistemático de plataformas digitales para difundir la ubicación de un funcionario público con propósitos intimidatorios vulnera gravemente los derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal y el libre ejercicio de la función pública.
El trasfondo del debate institucional y el llamado a la protección
El clima de polarización y los ataques en entornos virtuales contra la titular del ICBF se desencadenaron en el marco de discusiones públicas sobre la reorganización del instituto y la estructuración de programas clave para la infancia, entre ellos el denominado programa Familias y Comunidades. La funcionaria ha sostenido que en medio de estas discusiones institucionales se le atribuyeron erróneamente posturas que nunca expresó, lo que terminó desencadenando una desmedida e injustificada reacción masiva de agresividad en internet.
La dirección general del organismo reafirmó que el debate técnico y político sobre las políticas públicas orientadas a la niñez no puede, bajo ninguna circunstancia, derivar en actos de violencia, acoso sistemático ni amedrentamientos que pongan en peligro la vida humana.
Actualmente, el caso se encuentra en poder de las unidades especializadas del ente investigador, que deberán realizar la extracción técnica de evidencia digital, rastrear las direcciones IP asociadas a las cuentas señaladas y verificar la responsabilidad penal de los usuarios involucrados. Asimismo, las autoridades competentes evalúan la necesidad de extremar y reforzar el esquema de seguridad asignado a la directora María Carolina Restrepo para garantizar su integridad durante el desarrollo de sus funciones oficiales.
