La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado un paso decisivo al emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, señalándolos como responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde octubre de 2022. La medida también incluyó al líder militar de Hamas, Mohammed Deif, a pesar de que Israel afirma que murió en un ataque en junio de este año, información no confirmada por el grupo islamista.
Esta resolución marca un hito en la búsqueda de justicia internacional, pero plantea interrogantes sobre su impacto real en un contexto político y diplomático altamente polarizado.
Las acusaciones contra Netanyahu y Gallant
El panel de tres jueces de la CPI consideró que existen pruebas suficientes para creer que Netanyahu y Gallant privaron de manera deliberada y consciente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad. Estas acciones, consideradas graves violaciones al derecho internacional humanitario, son vistas como parte de una estrategia para someter a la población en medio del prolongado conflicto entre Israel y Hamas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó las acusaciones, calificándolas de «parciales» y cuestionando la legitimidad de la jurisdicción de la CPI sobre el caso. Según un portavoz, Israel presentó dos documentos legales en septiembre desafiando la autoridad de la corte y argumentando que no tuvo oportunidad de investigar las acusaciones internamente antes de que se emitieran las órdenes de arresto.
Por su parte, Netanyahu calificó la decisión como «vergonzosa y antisemita», postura respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien reiteró el derecho de Israel a defenderse frente a Hamas. El grupo islamista, por otro lado, también criticó la decisión, calificándola como una distracción de lo que ellos consideran «la agresión israelí».
Mohammed Deif: un objetivo ambiguo
La orden de captura contra Mohammed Deif, conocido como el líder de la brigada Al-Qassam, es particularmente simbólica. Aunque Israel anunció su muerte en un ataque aéreo en junio, la falta de confirmación por parte de Hamas ha mantenido viva la controversia. De ser cierta su muerte, la orden de captura tendría un impacto limitado en términos prácticos, pero subraya la intención de la CPI de abordar las responsabilidades de ambos lados en el conflicto.
La CPI es conocida como un tribunal de última instancia, interviniendo cuando los sistemas nacionales son incapaces o no están dispuestos a llevar a cabo investigaciones significativas. Sin embargo, la falta de cooperación de países no signatarios, como Israel y Estados Unidos, complica la aplicación de estas medidas.
Implicaciones internacionales y diplomáticas
La emisión de estas órdenes tiene varias consecuencias, tanto simbólicas como prácticas. Por un lado, convierte a Netanyahu y Gallant en sospechosos buscados internacionalmente, lo que podría restringir sus viajes a países que reconozcan la jurisdicción de la CPI. Por otro lado, la decisión podría aislar aún más a Israel en el ámbito internacional y dificultar negociaciones para alcanzar un alto el fuego en el conflicto de Gaza, que ya lleva más de un año.
Sin embargo, la efectividad de estas órdenes está limitada por la falta de un cuerpo policial propio de la CPI, lo que la obliga a depender de la cooperación de sus estados miembros. En casos similares anteriores, el cumplimiento de estas órdenes ha sido irregular y sujeto a las prioridades políticas de los gobiernos involucrados.
En el ámbito interno, este fallo también podría ser usado como un argumento político por parte de Netanyahu y su partido, quienes podrían presentarse como víctimas de un ataque internacional contra Israel. Este enfoque podría reforzar su base de apoyo, aunque también agrava las tensiones entre Israel y las instituciones internacionales.
¿Un cambio en la dinámica del conflicto?
La decisión de la CPI pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿puede la justicia internacional influir en un conflicto tan profundamente enraizado como el de Israel y Gaza? Aunque el impacto práctico de estas órdenes de captura es incierto, subraya la necesidad de buscar responsabilidades y proteger a las poblaciones civiles en contextos de guerra.
¿Será esta una oportunidad para presionar por un cese al fuego y el diálogo, o quedará como un precedente simbólico sin consecuencias concretas? El futuro del conflicto podría depender de cómo las partes y la comunidad internacional respondan a este nuevo giro.
