La Corte Constitucional ha tomado una medida contundente al abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido al incumplimiento de las órdenes relacionadas con el giro de recursos a las EPS bajo el concepto de presupuestos máximos. Estos dineros son esenciales para financiar servicios y tecnologías en salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, y su correcta distribución es clave para garantizar el acceso equitativo a la atención médica en Colombia.
Este incidente pone en evidencia una problemática estructural que afecta no solo la gestión administrativa del sistema de salud, sino también el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos afiliados. Desde El Expreso, hemos seguido este tema y sus implicaciones en el contexto del sistema de salud del país.
El incumplimiento de las órdenes y el retraso en los giros de 2022 y 2023
El Alto Tribunal detalló que el ministro Jaramillo ha incumplido órdenes impartidas desde 2023, relacionadas con el giro de más de 819.000 millones de pesos reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos correspondientes a 2022. Estos recursos, autorizados para desembolsarse a cargo del servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación 2024, no han sido entregados en los términos establecidos.
Asimismo, se evidenció que el ministerio no avanzó en la creación de una metodología unificada para la definición y reajuste de los parámetros necesarios para el desembolso de estos presupuestos. Este retraso ha generado incertidumbre en el sector de la salud y, en particular, en la sostenibilidad de las EPS que dependen de estos recursos para operar eficientemente.
Para 2024, la Corte ha advertido una evidente desfinanciación del sistema de presupuestos máximos. Aunque se han realizado adiciones presupuestales, los recursos son insuficientes para cubrir las obligaciones correspondientes al segundo semestre del año. Este déficit amenaza con agudizar la ya complicada situación financiera de muchas EPS, además de poner en riesgo la atención a los pacientes.
Las falencias en la ejecución de los presupuestos máximos
Entre las irregularidades señaladas por la Corte Constitucional, destaca que los presupuestos máximos no se definen con suficiente antelación. Por el contrario, estos se establecen durante la misma vigencia fiscal, y para periodos cortos, como dos meses, lo que complica la planificación y el manejo de recursos por parte de las EPS. Además, los pagos son reconocidos y realizados de manera tardía, muchas veces para cubrir meses que ya han finalizado.
Esta falta de previsión y eficiencia en la ejecución de los presupuestos no solo dificulta la operación administrativa del sistema de salud, sino que también pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios prestados a los usuarios. En palabras de la Corte, estas demoras e insuficiencias comprometen gravemente la sostenibilidad financiera de las EPS y el acceso al derecho fundamental a la salud.
En respuesta a estas falencias, la Corte ordenó al ministro Jaramillo que desembolse los recursos correspondientes a los periodos de julio a octubre de 2024 y reconozca los de noviembre y diciembre a más tardar el 30 de enero de 2025. Asimismo, se instruyó que los pagos de los presupuestos correspondientes a 2025 se realicen en los primeros 15 días de cada mes, comenzando con los meses de enero y febrero, cuyos desembolsos deben completarse antes de que finalice febrero.
¿Qué sigue para el ministro Jaramillo y el sistema de salud?
La Corte Constitucional ha dado un plazo de 48 horas al ministro de Salud para que rinda explicaciones sobre lo encontrado. En caso de que sus respuestas no sean satisfactorias, podría enfrentarse a sanciones que incluyen multas, arresto o medidas adicionales.
Además, la Corte ha enfatizado que las demoras en los pagos y la falta de acciones efectivas para superar la insuficiencia de recursos representan un riesgo no solo para la viabilidad económica de las EPS, sino también para los millones de colombianos que dependen del sistema de salud. Este llamado de atención subraya la importancia de priorizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos financieros en el sector.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿será este incidente de desacato un punto de inflexión que impulse una gestión más eficiente en el Ministerio de Salud? O, por el contrario, ¿seguiremos enfrentando un sistema con fallas estructurales que ponen en jaque la salud de los colombianos? La resolución de este caso y las acciones futuras del gobierno serán cruciales para determinar el rumbo de la salud en el país.
