La reconstrucción en Colombia tras el sismo debe priorizar la accesibilidad universal y la inclusión laboral
El proceso de reconstrucción nacional iniciado tras el devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 ha abierto un debate crucial sobre la urgencia de eliminar las barreras físicas en el diseño urbano de las zonas afectadas. Con un impacto directo en más de 450 municipios distribuidos en 15 departamentos y severos daños focalizados en Pereira y la región del Eje Cafetero, la infraestructura pública y privada enfrenta un periodo decisivo de planificación. En este escenario, diversos actores sociales han manifestado la importancia de garantizar que las obras no repitan los fallos de accesibilidad estructural que históricamente han limitado el tránsito y la participación de miles de ciudadanos.
Frente a la magnitud de los daños causados por el evento sísmico, la Asociación Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad y Cuidadores de Risaralda (REDPCD) emitió un pronunciamiento institucional dirigido a los gobiernos locales, a las autoridades departamentales, al Gobierno Nacional y al sector privado. La entidad, que ajusta una trayectoria de diez años de representatividad continua en la región, insistió en que la restitución de la infraestructura destruida o afectada debe realizarse bajo criterios de accesibilidad desde el diseño original. Según la postura del gremio, adaptar los espacios desde la etapa de concepción evita incurrir en sobrecostos futuros y garantiza el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en la materia.
Obligaciones legales del sector privado y empleo incluyente
El llamado de la organización social abarca directrices puntuales para la reactivación económica y el involucramiento de la empresa privada en la reconstrucción física del territorio. La entidad enfatizó en que los planes de recuperación industrial y comercial deben ir de la mano con la incorporación efectiva de personas con discapacidad en las nóminas laborales. Para ello, recordaron la vigencia de la Ley 2466 de 2025, la cual fija cuotas específicas de contratación en los entornos corporativos.
Asimismo, se instó al empresariado a aprovechar los beneficios normativos otorgados por el Decreto 392 de 2018, el cual establece puntuaciones adicionales y priorización en los procesos de licitación y contratación pública estatal para aquellas firmas que demuestren la vinculación formal de esta población en sus plantas de personal. De acuerdo con los voceros, la reactivación económica del Eje Cafetero no puede desligarse del componente de equidad ni de la generación de oportunidades productivas para sectores históricamente marginados de las dinámicas laborales formales.
Exigencias en infraestructura pública y participación ciudadana
En cuanto a la gestión territorial a cargo de las alcaldías y las gobernaciones, la REDPCD recordó la obligatoriedad de acatar las disposiciones fijadas en la Ley 361 de 1997, norma rectora sobre accesibilidad al medio físico en el país. Las adecuaciones y nuevas ejecuciones en vías urbanas, soluciones de vivienda de interés social y espacios públicos masivos deben contemplar ramplas, señalización adecuada y trazados sin barreras arquitectónicas. La exigencia se centra en evitar la reiteración de modelos urbanísticos obsoletos que entorpezcan la movilidad peatonal autónoma de las personas con movilidad reducida o diversidad funcional.
Para hacer efectiva esta garantía, la asociación demandó la vinculación directa de las organizaciones comunitarias especializadas en las mesas de planeación técnica. Bajo la premisa histórica de «nada sobre nosotros, sin nosotros», se busca que la toma de decisiones con respecto al rediseño de las ciudades no sea realizada de manera unilateral por las dependencias públicas, sino en interlocución constante con los usuarios finales de dichos entornos. La veeduría y la validación técnica en campo son consideradas por el colectivo como requisitos indispensables para avalar el éxito de los proyectos que iniciarán ejecución en los próximos meses.
Directrices nacionales y acompañamiento técnico institucional
A nivel central, las peticiones remitidas al Gobierno Nacional exigen que las partidas presupuestales y los pliegos de condiciones destinados a la atención de la emergencia en los 15 departamentos impactados condicionen la entrega de recursos a la inclusión obligatoria de parámetros de diseño universal. La posición gremial sostiene que cualquier proyecto financiado con recursos públicos para el restablecimiento del Eje Cafetero debe responder a auditorías estrictas en materia de inclusión social e infraestructura accesible.
El pronunciamiento formal, suscrito por Jamilton Ramírez Vargas, representante legal de la REDPCD, concluye reiterando la disposición de la entidad para actuar como aliado técnico interdisciplinario durante todo el proceso de reconstrucción. La organización puso a disposición del Estado, los medios de comunicación y las compañías constructoras sus equipos de consultoría técnica para la verificación de datos, la medición de impactos y el suministro de asesoría profesional que garantice que las nuevas obras cumplan con los más altos estándares normativos y funcionales.
