El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre el bloqueo parcial del presupuesto de varias entidades del Estado ha generado una controversia significativa. El ministro Ricardo Bonilla justificó la medida como necesaria para garantizar el control del gasto, en un contexto donde el recaudo tributario ha mostrado una preocupante caída del 4,4% entre enero y mayo de este año, el descenso más pronunciado en lo que va de este siglo. Sin embargo, esta decisión no está exenta de críticas y preocupaciones, particularmente en cuanto a sus efectos sobre la Contraloría General de la República.
El contralor Carlos Mario Zuluaga expresó su preocupación ante las repercusiones que el bloqueo presupuestal puede tener sobre la entidad que dirige. Según Zuluaga, la Contraloría ya ha sufrido el bloqueo de la plataforma que permite expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y registros presupuestales, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus metas y tareas.
«La orden del Minhacienda enciende una alarma, pues pone en riesgo el cumplimiento de metas y tareas de las entidades con carga misional de producir bienestar y desarrollo en el país», afirmó el contralor.
Este recorte llega en un momento delicado para el país, donde la eficiencia y efectividad del gasto público son cruciales para enfrentar los problemas financieros. Zuluaga ha enfatizado la importancia de mantener una Contraloría fuerte y operativa, capaz de auditar y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En sus declaraciones, también hizo referencia a su relación con el presidente Gustavo Petro y el Gobierno Nacional, destacando su rol como funcionario contundente en las advertencias y acciones tomadas en temas críticos como la liquidación del presupuesto y los procesos por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
