El Grupo Keralty elevó un fuerte llamado al Gobierno nacional para que acate de manera inmediata el fallo de la Corte Constitucional, el cual declaró la nulidad de la intervención sobre EPS Sanitas. La compañía denunció que la medida, calificada como ilegal y arbitraria, dejó un “daño incalculable” en su red de atención y en la prestación de servicios de salud a millones de usuarios.
En un comunicado oficial, la organización sostuvo que desconocer la decisión judicial sería “un nuevo golpe al Estado de derecho” y advirtió sobre las graves consecuencias que trajo la intervención forzosa, entre ellas la desarticulación de redes médicas, la escasez de medicamentos y el deterioro de la confianza en el sistema.
El fallo de la Corte y sus implicaciones en el sistema de salud
La Corte Constitucional restituyó los derechos de Keralty tras más de tres años de disputa legal, de los cuales diecisiete meses transcurrieron bajo lo que la compañía describe como “una persecución institucional” que afectó directamente a Sanitas EPS.
Según Keralty, este pronunciamiento histórico no solo reconoció la ilegalidad de la medida, sino que también expuso una estrategia deliberada para desmantelar un modelo de salud que había mostrado eficiencia en la atención de millones de colombianos. La organización recordó que las consecuencias se evidenciaron en la saturación de servicios, la pérdida de continuidad en tratamientos médicos y la vulneración de derechos fundamentales.
Las cinco exigencias de Keralty al Gobierno
Tras la decisión de la Corte, Keralty presentó cinco solicitudes puntuales al Ejecutivo, orientadas a garantizar la reparación y la no repetición de hechos similares. Estas son:
- Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo constitucional, advirtiendo que cualquier desobediencia constituiría un atentado contra el Estado de derecho.
- Reparación efectiva del daño ocasionado a la red de atención, al personal de salud y a los usuarios que sufrieron interrupciones en sus tratamientos.
- Pago inmediato de las deudas pendientes con las EPS y fortalecimiento de la estabilidad financiera del sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
- Fin de las campañas de desinformación que, según la organización, aún circulan con el objetivo de sembrar desconfianza en la ciudadanía.
- Garantías institucionales sólidas y vinculantes para impedir que un caso de esta magnitud vuelva a repetirse, reafirmando el derecho fundamental a la salud.
¿Qué impacto tendrá este fallo en el futuro del sistema de salud?
Keralty advirtió que no busca venganza, pero sí justicia. La empresa pidió que los responsables de la intervención respondan ante los tribunales competentes y que se establezcan responsabilidades claras para evitar la impunidad.
Este pronunciamiento se da en un momento de alta tensión en el sector, donde la sostenibilidad del sistema de salud colombiano continúa en debate. La pregunta ahora es si el cumplimiento de este fallo marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y las EPS, y si abrirá el camino hacia un modelo más estable y respetuoso de las garantías constitucionales.
