El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia ha ordenado el embargo de las cuentas del Ministerio de Trabajo, como consecuencia del no pago de deudas pendientes con un grupo de 109 maestros del departamento de Quindío, que se arrastran desde finales de 2014.
La determinación del tribunal, emitida el pasado viernes 1 de marzo, establece que la Nación, a través del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep) del Ministerio de Trabajo, debe saldar las deudas acumuladas con los docentes. La cifra impuesta por el juzgado para el embargo asciende a 12.825 millones de pesos, una fracción de la deuda total que alcanza los 35.000 millones de pesos.
El litigio, que se remonta al 28 de noviembre de 2014 y llegó a los estrados judiciales en 2017 mediante una acción de tutela, ha alcanzado su fallo definitivo casi diez años después. La ministra Ramírez ha respondido activamente ante la situación, enviando un oficio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En este documento, se solicita un informe de reconocimiento y reliquidación de pensiones para los 109 maestros involucrados en el proceso judicial.
La ministra Ramírez, en su comunicado a la UGPP, recordó que desde marzo de 2019 la entonces ministra del Trabajo, Alicia Arango, había requerido un informe sobre el cumplimiento de la sentencia que generó la reclamación de los docentes y el posterior embargo de cuentas. La cartera está a la espera de la respuesta por parte de la Unidad.
La deuda inicial de 12.825 millones de pesos es considerada preliminar, ya que no se han incluido los intereses acumulados a lo largo de casi una década, ni mucho menos el retroactivo. La magnitud de la deuda podría aumentar significativamente una vez se realicen estos cálculos.
Gloria Inés Ramírez, quien pasó de ser una destacada docente líder sindical a liderar el Ministerio de Trabajo, se encuentra ahora al frente de una cartera señalada por no cumplir con sus obligaciones financieras hacia los educadores.
