La polémica en torno al uso del avión y el helicóptero de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, entonces jefe de gabinete del Ministerio del Interior, abrió un frente de control que hoy deja consecuencias. Tras conocerse que estas aeronaves fueron empleadas para desplazamientos con destino a la Universidad del Cesar, la Contraloría pidió explicaciones a las entidades involucradas, y posteriormente estableció hallazgos fiscales y disciplinarios derivados de estos hechos.
El proceso se inició luego de que se confirmara que los vuelos utilizados por Guerrero no guardaban relación con sus funciones dentro del Ministerio. La W reveló en primicia que el ente de control consolidó pruebas que demuestran un uso ineficaz y antieconómico de recursos públicos, especialmente por el costo del combustible de la aeronave movilizada en cinco desplazamientos, cuyo valor ascendió a 213 millones de pesos.
Hallazgos sobre el uso de recursos públicos
El documento conocido por la emisora indica que, aunque existió autorización ministerial para los desplazamientos, la naturaleza del viaje no se ajustaba a la misión institucional. El objetivo real de los vuelos fue la participación de Juliana Guerrero en sesiones del Consejo Superior de la Universidad del Cesar, entidad que no guarda relación con las funciones a su cargo dentro del Ministerio del Interior. Este hallazgo fue considerado por la Contraloría como una desviación de propósito en el uso de los recursos del convenio que permite solicitar apoyo aéreo a la Policía Nacional.
Según el informe, la asistencia a órganos directivos de una universidad pública no forma parte de las responsabilidades asignadas a la cartera política. Esta situación, precisa el documento, evidencia que la autorización para emplear la aeronave se otorgó para una actividad externa a la misionalidad del Ministerio, lo cual generó un impacto negativo en el presupuesto estatal.
El ente de control enfatiza que el uso del avión se justificó como un desplazamiento para una reunión comunitaria, pero los registros demuestran que el propósito central fue acudir a la sesión del Consejo Superior Universitario entre el 19 y 20 de junio de 2025. En ese viaje también participaron Verónica Guerrero, hermana de Juliana, y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte, quienes igualmente hicieron uso de los vuelos sin que su presencia estuviera vinculada a funciones oficiales.
Gestión ineficaz y daño patrimonial señalado por la Contraloría
La Contraloría concluyó que la utilización de las aeronaves representó una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica, pues los desplazamientos carecían de relación directa con las funciones del Ministerio del Interior. El informe destaca que esta actuación produjo un menoscabo al presupuesto público, configurando un daño patrimonial para el Estado.
El ente de control fue claro en afirmar que la solicitud de apoyo aéreo debía corresponder estrictamente con actividades propias de la entidad, lo cual no se cumplió en este caso. Las evidencias recopiladas muestran que los vuelos ejecutados tuvieron fines personales e institucionalmente ajenos al Ministerio, vulnerando los principios de eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.
Este caso se convierte en un antecedente relevante para la supervisión del uso de bienes y servicios oficiales, especialmente cuando se trata de recursos destinados a tareas de seguridad y operación estratégica. La participación de funcionarios y particulares en desplazamientos sin justificación misional plantea interrogantes sobre los controles internos y la transparencia en la autorización de movilizaciones aéreas gestionadas mediante convenios interinstitucionales.
¿Qué concluyó el ente de control sobre la finalidad real de los vuelos?
La determinación de la Contraloría establece que los desplazamientos realizados por Juliana Guerrero tuvieron como propósito exclusivo asistir a la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cesar, contradiciendo la justificación inicial del viaje como una actividad comunitaria. Esta conclusión sintetiza los argumentos que sustentan los hallazgos fiscales y disciplinarios: la falta de correspondencia entre las funciones oficiales y el uso del transporte aéreo de la Policía Nacional, el costo elevado del combustible y la participación de acompañantes no vinculados al servicio público.
La información reunida por el ente de control plantea, además, inquietudes sobre los mecanismos de autorización que permitieron el uso de aeronaves sin verificar la pertinencia institucional del desplazamiento. Este caso impulsa la discusión sobre los estándares de control y supervisión en entidades con acceso a recursos estratégicos del Estado. ¿Fortalecerá la investigación los filtros para garantizar que estos medios se utilicen exclusivamente en actividades institucionales?
