Una jueza de la República legalizó la aprehensión del menor de 15 años señalado como el presunto autor material del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, y generó un fuerte rechazo desde diversos sectores políticos y sociales.
Durante la audiencia judicial, la togada avaló los argumentos de la Fiscalía que sustentaron la flagrancia en la captura del menor. La decisión se basó en tres causales específicas del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal: el señalamiento inmediato por parte de la víctima y testigos, la aprehensión del sospechoso con objetos y rastros del crimen, y la existencia de grabaciones en cámaras de seguridad que registraron el momento del hecho. Esta validación marca un paso importante en el proceso penal que busca establecer todas las responsabilidades del atentado.
Legalización de captura y flagrancia: fundamentos del proceso penal
La jueza del caso consideró válidas las pruebas presentadas por los fiscales para determinar que el procedimiento de captura se ajustó a derecho. En primer lugar, el menor fue identificado directamente por la víctima y por testigos presenciales, lo que activó el numeral 2 del artículo 301. En segundo lugar, al momento de su detención, el adolescente tenía en su poder elementos que lo vinculaban con el crimen, lo cual corresponde al numeral 3 del mismo artículo.
El tercer elemento que reforzó la legalidad de la captura fue el registro en cámaras de seguridad del ataque, localizado en un espacio público, cumpliendo así con el numeral 4. Este conjunto de evidencias fue suficiente para sustentar la continuidad del proceso judicial, ahora en manos de un juez especializado en responsabilidad penal adolescente.
Las palabras del capturado: una confesión espontánea bajo presión
Uno de los elementos más inquietantes del caso fueron las declaraciones espontáneas del menor en el momento de su detención. Herido en una pierna y reducido por los escoltas del senador Uribe Turbay, el adolescente habría exclamado ante las cámaras y los escoltas: “Lo hice por plata, por mi familia. Perdón, lo hice por plata, por mi familia”.
Posteriormente, intentó negociar con los miembros del esquema de seguridad: “Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números”. Estas frases, captadas en video, refuerzan la hipótesis de que el menor no actuó solo, sino como parte de un posible entramado criminal que aún está en investigación.
¿Qué delitos enfrenta el menor implicado en el atentado?
La Fiscalía está en proceso de formular cargos contra el adolescente. Los delitos que inicialmente se le imputarán son tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, las autoridades no descartan la inclusión de más cargos conforme avance la investigación y se determinen posibles autores intelectuales o cómplices.
El abogado penalista Víctor Mosquera Marín fue designado como representante de la víctima y se pronunció en términos enfáticos: “Seguiremos acompañando este proceso hasta dar con todos los responsables y lograr justicia en favor de Miguel Uribe Turbay”. Estas palabras reflejan la determinación de la parte civil para agotar todas las instancias legales en busca de justicia.
