El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira ordenó el embargo de bienes del exalcalde Carlos Maya y de otros cuatro implicados en el denominado caso Colibríes, por presuntas irregularidades en la construcción de la Avenida Los Colibríes, ejecutada entre marzo de 2021 y diciembre de 2023.
La medida, solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, afecta diez bienes inmuebles y 15 vehículos, incluyendo volquetas, camionetas blindadas, camperos, parqueaderos y apartamentos, con un valor comercial conjunto de $3.955 millones. Los bienes están ubicados en Bogotá, Pereira, Armenia, Leticia y Anapoima (Cundinamarca).
Fiscalía y Contraloría estiman millonario detrimento
De acuerdo con la Fiscalía, el detrimento patrimonial ascendería a $10.814 millones, mientras que la Contraloría General de la República calcula un daño aún mayor, cercano a los $18 mil millones. El embargo busca garantizar una eventual indemnización a favor de la Alcaldía de Pereira.
Entre los investigados, además del exmandatario Carlos Alberto Maya López, figuran el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado García, el contratista Carlos Guillermo Suárez Escobar, y los interventores José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal.
Las acusaciones incluyen los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, destrucción u ocultamiento de documento público, abuso de autoridad, fraude procesal y prevaricato por acción.
Proceso judicial avanza pese a libertad provisional
Aunque los cinco implicados fueron dejados en libertad por vencimiento de términos, continúan vinculados al proceso. La audiencia preparatoria está programada para los días 23, 24 y 25 de julio, en lo que será la antesala del juicio oral.
El caso Colibríes ha generado gran atención pública en Pereira y el departamento de Risaralda, ya que involucra una de las principales obras de infraestructura urbana y presuntas fallas graves en su ejecución y supervisión.
El embargo de bienes, aunque no constituye una condena, representa una medida cautelar de alto impacto que evidencia la gravedad de los indicios presentados por el ente acusador.
