Un juez de la República negó el principio de oportunidad al que habían llegado Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión deja al descubierto fallas en el proceso judicial y pone en riesgo la continuidad del caso UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el actual Gobierno.
La jueza encargada del caso cuestionó la legalidad del acuerdo entre López y el ente acusador. Señaló inconsistencias sustanciales, como la falta de una imputación formal por parte de la Fiscalía y la ausencia de un compromiso concreto por parte del exfuncionario más allá de su cooperación general. En su fallo, advirtió que no es función del juez reemplazar el trabajo investigativo de la entidad acusadora, ni aceptar principios de oportunidad sin una base legal sólida.
¿Qué implicaba el acuerdo con Olmedo López?
El principio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía contemplaba que Olmedo López pagara una multa de 700 millones de pesos y prestara asesoría técnica a comunidades de La Guajira, en compensación por su participación en la red de coimas y contratos irregulares dentro de la UNGRD. A cambio, López debía entregar información clave sobre la presunta participación de funcionarios de alto nivel, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.
Sin embargo, la jueza fue contundente al advertir que ese tipo de colaboración no puede ser asumida sin verificar la realidad de los hechos ni la viabilidad jurídica del acuerdo. Además, subrayó que López no ha sido imputado formalmente, lo cual impide aplicar un principio de oportunidad según las normas procesales vigentes.
Esta decisión deja en el limbo la validez de las pruebas ofrecidas por López y la posibilidad de avanzar hacia imputaciones formales contra otros involucrados, como Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, y varios congresistas que habrían recibido pagos indebidos por facilitar contratos de carrotanques en La Guajira.
Riesgo jurídico y político para el Gobierno
El revés judicial no solo golpea el caso judicialmente, sino que también genera un fuerte impacto político. La decisión de negar el principio de oportunidad plantea serias dudas sobre la conducción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, y podría obstaculizar los esfuerzos por destapar el entramado de corrupción en la UNGRD.
Además, deja en entredicho el compromiso del llamado gobierno del cambio con la transparencia y la rendición de cuentas. La narrativa de que se permitiría la colaboración judicial para sancionar a los responsables queda debilitada ante lo que la jueza describió como una “renuncia anticipada a la acción penal”.
Expertos en derecho penal han advertido que si no se retoman los procedimientos conforme a la ley, el caso podría desmoronarse por completo. La exclusión de López como testigo clave dificultaría la consolidación de un proceso judicial fuerte y pone en riesgo las evidencias recabadas hasta ahora.
¿Está en peligro la lucha contra la corrupción en la UNGRD?
La negativa del principio de oportunidad marca un punto de inflexión. De no corregirse las falencias señaladas por la jueza, podría significar la caída de uno de los casos más sensibles para el Ejecutivo. La corrupción en la UNGRD, expuesta inicialmente por medios de comunicación y confirmada parcialmente por las declaraciones de López y Pinilla, representa una prueba de fuego para la institucionalidad colombiana.
La Fiscalía ahora tiene el reto de estructurar adecuadamente los cargos, presentar una imputación formal contra López y garantizar que su colaboración se enmarque dentro de los requisitos legales. Solo así podrá sostenerse el caso en los tribunales y evitar que se pierda la oportunidad de esclarecer responsabilidades políticas y penales.
