La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 militares retirados como máximos responsables de 604 ejecuciones extrajudiciales de civiles en la región Caribe, entre 2002 y 2008. Entre las víctimas se identificaron 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas en estado de embarazo.
Los crímenes, catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, fueron cometidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. De acuerdo con el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el 76 % de las bajas en combate reportadas por 19 unidades militares en ese periodo fueron en realidad falsos positivos.
Entre los imputados se encuentran los generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como los coroneles retirados Juan José Rondón y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.
La JEP también identificó 122 víctimas que aún no han sido reconocidas y 13 crímenes cometidos fuera del periodo priorizado (antes de 2002 y después de 2008). Esta es la imputación más amplia en términos de territorio, abarcando 19 unidades militares adscritas a la I División del Ejército.
