Un nuevo hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en la realización de procedimientos estéticos en Bogotá. Una mujer perdió la vida tres días después de haberse sometido a una bichectomía en un establecimiento de la localidad de Antonio Nariño. Las investigaciones preliminares de las autoridades sanitarias confirmaron que la sede médica donde se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico no contaba con la autorización requerida para realizar cirugías plásticas.
Según los reportes oficiales emitidos por la Secretaría Distrital de Salud, la emergencia fue notificada en las primeras horas de la mañana del pasado domingo 30 de agosto. A las 5:21 a. m., el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió la solicitud de ayuda desde el domicilio particular de la paciente. De inmediato, el personal médico del CRUE brindó asistencia remota mediante una videollamada para guiar a los acompañantes en maniobras de reanimación básica mientras la ambulancia se desplazaba hacia el lugar.
A las 5:48 a. m., la tripulación asistencial arribó a la residencia, donde confirmó el fallecimiento de la paciente. Tras la constatación del deceso, se activó de manera oportuna un equipo de apoyo psicológico para brindar acompañamiento a los familiares en el lugar.
Detalles del procedimiento y vacíos en la habilitación del centro médico
Las indagas iniciales desarrolladas en el lugar de los hechos permitieron establecer que la mujer se había realizado una bichectomía tres días antes en un establecimiento estético ubicado en la localidad de Antonio Nariño. La posterior complicación médica y el deceso terminaron ocurriendo en la residencia particular de la víctima.
De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), la bichectomía es un procedimiento quirúrgico de carácter ambulatorio cuyo propósito principal es mejorar el contorno facial mediante la reducción del tamaño de las mejillas. Esta intervención consiste fundamentalmente en la extracción de los cúmulos de grasa subcutánea presentes en el rostro, conocidos médicamente como bolsas de Bichat.
Sin embargo, al verificar el estatus legal del establecimiento donde se practicó dicha intervención, la Secretaría Distrital de Salud detectó graves inconsistencias en su licenciamiento. El lugar figuraba registrado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 22 de marzo de 2024 bajo un objeto social totalmente ajeno a las intervenciones quirúrgicas.
Su habilitación únicamente autorizaba servicios de consulta externa en las áreas de Medicina General, Dermatología y Psicología. En consecuencia, el centro de atención médica operaba por fuera del marco legal permitido, ya que no contaba con la autorización para realizar cirugías plásticas de ninguna índole.
Aunque el establecimiento había recibido una visita de Inspección y Vigilancia el 9 de junio de 2026 en la que obtuvo un concepto favorable respecto a los servicios que legalmente tenía declarados, sus permisos no abarcaban la realización de cirugías ni procedimientos invasivos de estética. Adicionalmente, las autoridades señalaron que, con anterioridad a dicha inspección, la Alcaldía Local de Antonio Nariño ya había adelantado un operativo en el predio el 22 de mayo.
Avances en las investigaciones y llamados de alerta a la ciudadanía
Ante la gravedad del caso, los entes de control y las autoridades distritales han iniciado una serie de acciones administrativas y judiciales para esclarecer lo sucedido. Entre las labores prioritarias se encuentra la verificación exhaustiva de las credenciales y títulos del personal médico registrado en el establecimiento, así como el recaudo de material probatorio que determine las responsabilidades individuales o colectivas.
En el desarrollo de las diligencias, funcionarios de la administración distrital acudieron a las tres sedes vinculadas a la clínica estética para adelantar las inspecciones correspondientes; sin embargo, todos los inmuebles se encontraban cerrados. La Secretaría Distrital de Salud reiteró que se encuentra trabajando de manera articulada con los organismos de investigación judicial competentes para facilitar los requerimientos técnicos e institucionales requeridos.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera oficial que la realización de la bichectomía haya sido la causa directa del fallecimiento. Los exámenes forenses y las indagaciones científicas deberán precisar con exactitud las circunstancias médicas de la muerte y evaluar las condiciones técnicas e higiénicas en las que se llevó a cabo la intervención.
Ante este fatídico evento, la Secretaría de Salud hizo un vehemente llamado a la ciudadanía en general sobre la importancia de corroborar la habilitación legal de médicos e instituciones antes de someterse a cualquier tratamiento o cirugía estética. Se recordó que los usuarios pueden verificar previamente en las plataformas del Estado si un centro estético o un profesional de la salud cuenta con la certificación REPS para realizar intervenciones quirúrgicas invasivas de forma segura.
