La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró tomar una decisión sobre la situación judicial de cinco congresistas y un excongresista investigados por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que la votación quedara empatada. Ante este escenario, el caso deberá resolverse con la intervención de conjueces.
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El empate se produjo tras dos días de debate en torno a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien propuso llamar a juicio a los implicados e imponer medidas de aseguramiento. La discusión en la sala terminó con una votación dividida tres a tres, lo que impidió adoptar una decisión de fondo.
La definición del proceso quedó entonces en manos de conjueces, quienes deberán estudiar la ponencia y participar en una nueva sesión programada para el próximo 11 de marzo. La situación implica que la Corte no tomará una determinación definitiva antes de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo.
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Los conjueces designados para intervenir en el proceso son Jesús Alfredo Rey Córdoba, doctor en Derecho con experiencia en asuntos diplomáticos en Nueva York y ante las Naciones Unidas, y Javier Fernando Fonseca, abogado de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho Penal. Ambos hacen parte del grupo de conjueces de la Sala de Instrucción del alto tribunal.
La investigación involucra a los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique y Juan Pablo Gallo, así como al exrepresentante Juan Diego Muñoz. Según la investigación, habrían participado en un esquema de presuntos sobornos relacionados con contratos y proyectos gestionados desde la UNGRD.
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El expediente se fortaleció con los testimonios del exdirector de la entidad Olmedo López y del exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla, quienes firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía y entregaron información sobre el supuesto movimiento de sobornos para asegurar apoyo político en el Congreso.
Otra de las testigos clave en el proceso es María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, cuyas grabaciones y declaraciones han sido incorporadas al expediente judicial. De acuerdo con las investigaciones, las reuniones y gestiones descritas por la exfuncionaria habrían estado relacionadas con la aprobación de operaciones de crédito del Estado.
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Parte de las indagaciones apunta a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia del Congreso encargada de emitir concepto sobre créditos internacionales solicitados por el Gobierno. Según la Corte, algunos de los investigados integraban esta comisión cuando se habrían producido las presuntas irregularidades.
El caso de la UNGRD se originó tras las revelaciones sobre el manejo irregular de recursos en la entidad, incluyendo el escándalo por la compra de carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira. Las declaraciones de exfuncionarios y las investigaciones posteriores llevaron a ampliar el foco hacia posibles acuerdos políticos y contratos direccionados.
Mientras la Corte Suprema define el futuro judicial de los congresistas, el proceso continúa generando repercusiones políticas y jurídicas. La decisión que adopten los conjueces será determinante para establecer si los implicados deberán enfrentar un juicio formal y si procede una eventual medida de aseguramiento en su contra.
