La Interpol ha negado categóricamente emitir una circular roja contra el exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, descartando así cualquier gestión en respuesta a la petición formulada por la Fiscalía de Guatemala. La solicitud, presentada en el marco de una investigación relacionada con el caso Odebrecht, fue considerada improcedente por la entidad internacional, una decisión que refuerza la protección jurídica de ambos funcionarios.
La información fue revelada por La W Radio, medio que citó directamente a Julio Sánchez Cristo, quien señaló: “El jefe de Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”. Esta declaración ratifica el respaldo que tanto Velásquez como Camargo reciben de instancias internacionales, al ser beneficiarios de inmunidad internacional en virtud del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Acusaciones sin sustento y un rechazo diplomático
La solicitud de captura internacional fue presentada por la Fiscalía guatemalteca con acusaciones que incluían presuntos delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y colusión. Sin embargo, estas imputaciones se han visto debilitadas tanto por la inmunidad de los acusados como por el rechazo contundente del gobierno colombiano, que calificó el pedido como una maniobra sin base legal ni legitimidad internacional.
Desde Bogotá, el Ejecutivo expresó que la acción judicial carecía de fundamentos jurídicos sólidos y contradecía principios del derecho internacional. Esta postura se alinea con la decisión de la Interpol y refuerza la legitimidad de la labor que ambos funcionarios han desempeñado, particularmente en la lucha contra la corrupción en escenarios regionales sensibles como el de Guatemala durante la existencia de la CICIG.
El trasfondo político del caso Odebrecht en Guatemala
El caso Odebrecht ha tenido repercusiones diversas en América Latina, pero en Guatemala ha sido utilizado, según analistas, como una herramienta de persecución política. En este contexto, la figura de Iván Velásquez, quien lideró la CICIG, y la de Luz Adriana Camargo, con experiencia en temas de justicia internacional, se convierten en blanco de intentos por desacreditar sus actuaciones pasadas.
La CICIG, respaldada en su momento por Naciones Unidas, operó entre 2007 y 2019 con el objetivo de desmantelar estructuras criminales enquistadas en el Estado guatemalteco. Su labor fue aclamada internacionalmente, pero también generó tensiones con actores locales reacios a la rendición de cuentas. Es en este escenario donde se origina la solicitud de captura: más como una reacción política que como una acción judicial fundamentada.
A pesar de ello, la negativa de Interpol a actuar conforme a la petición de Guatemala representa un precedente significativo sobre los límites del uso de mecanismos internacionales para fines ajenos a la justicia objetiva.
