La Interpol retiró la circular roja de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en medio del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión elimina su búsqueda a nivel internacional, aunque no modifica su situación judicial en Colombia.
La circular roja había sido emitida como mecanismo de cooperación internacional para ubicar y capturar al exfuncionario fuera del país, con fines de extradición. Sin embargo, con su retiro, González deja de figurar en las bases globales de búsqueda, lo que en la práctica le permite movilizarse internacionalmente, pese a que continúa requerido por la justicia colombiana.
Según el organismo internacional, la decisión se sustentó en restricciones relacionadas con la información suministrada en la solicitud inicial. La evaluación determinó la existencia de datos considerados reservados, lo que llevó a anular la notificación para garantizar los derechos del solicitado dentro de los protocolos de la organización.
El caso de González sigue abierto en Colombia, donde la Fiscalía General de la Nación lo investiga por delitos como cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. El exfuncionario es señalado como una de las figuras clave en el entramado de corrupción que habría desviado recursos públicos de la UNGRD mediante contratos direccionados.
Las investigaciones apuntan a que estos recursos habrían sido utilizados para el pago de sobornos a congresistas, con el objetivo de incidir en el trámite de reformas del Gobierno. Testimonios de exdirectivos de la entidad han vinculado a González con la presunta articulación de este esquema, aunque él ha negado los señalamientos ante las autoridades.
En medio de este escenario, la Fiscalía ya inició gestiones para reactivar la circular roja. A través de una nueva solicitud presentada ante la Dijín, busca que se emita nuevamente la notificación internacional, esta vez con soporte adicional relacionado con el delito de lavado de activos, con el fin de superar las observaciones realizadas por Interpol.
El caso continúa siendo uno de los más sensibles para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, no solo por el monto del presunto desfalco, sino por el nivel de los funcionarios implicados y sus posibles repercusiones políticas. Mientras avanzan las investigaciones, la situación jurídica de González sigue en desarrollo, ahora sin una orden de captura internacional vigente.
