La Corte Suprema de Justicia ha dado inicio a una investigación preliminar contra el senador Iván Name, en relación con presuntas irregularidades durante el proceso electoral de marzo de 2022, que culminó en la elección del actual Congreso de la República. Este procedimiento judicial surge a raíz de supuestos ofrecimientos de inversiones en la región a cambio de votos, una práctica que comprometería la integridad del proceso democrático.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha asumido el liderazgo en esta indagación preliminar, enfocándose particularmente en verificar la autenticidad de los ofrecimientos realizados, que aparentemente formaban parte de cupos indicativos y se habrían efectuado en los municipios de Río Quito y Río Iró, en el departamento de Chocó.
El senador Iván Name, quien actualmente es presidente del Senado, ha respondido a estas acusaciones durante una sesión plenaria de la corporación. En su declaración, negó categóricamente haber recibido fondos de manera irregular con el propósito de favorecer reformas del Gobierno Nacional, las cuales él mismo considera «inconvenientes».
«Mi proceder democrático es contrario a la acusación de haber recibido dinero ilícito para favorecer reformas que combatí enfáticamente», afirmó el senador Name ante sus colegas.
Además, el senador explicó las razones que lo llevaron a ceder la conducción de los debates sobre la reforma pensional a la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, indicando que su decisión no fue motivada por una presunta culpabilidad, sino por evitar la politización y el deterioro del ambiente en el Congreso.
Name ha denunciado que está siendo juzgado de manera anticipada y ha calificado las acusaciones en su contra como «calumnias». Se ha defendido señalando que su historial como opositor a los proyectos del Gobierno es público y que no existen pruebas que respalden las afirmaciones en su contra.
El senador también ha cuestionado la credibilidad de las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y de su abogado, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por delitos relacionados con la corrupción.
