La imputación que la Fiscalía General de la Nación tenía prevista contra Juliana Guerrero por la presunta falsedad de títulos académicos quedó en suspenso este 27 de febrero, luego de que la exaspirante al Viceministerio de Juventudes no se presentara a la audiencia programada en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
El ente acusador había radicado desde el 9 de febrero la solicitud para imputarle cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, tras concluir que existen pruebas suficientes sobre irregularidades en los diplomas que presentó para aspirar a un alto cargo en el Gobierno nacional.
La diligencia debía realizarse ante el Juzgado 25 de Control de Garantías, a cargo de la jueza Mirian Rodríguez. Sin embargo, ante la inasistencia de Guerrero y la ausencia de defensa del exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez —también vinculado al proceso—, la audiencia fue aplazada para el 10 de marzo a las nueve de la mañana.
La Fiscalía sostiene que Guerrero habría registrado en el Sigep dos títulos expedidos por la Fundación San José —uno como tecnóloga y otro como profesional en Contaduría— sin cumplir los requisitos legales. La investigación estableció que no presentó el examen Saber Pro ni cursó las materias correspondientes, pese a que los documentos figuraban como válidos en el sistema oficial.
La propia institución universitaria anuló el 25 de septiembre de 2025 el título profesional de Contaduría, tras una investigación interna que concluyó que no se cumplieron las exigencias académicas para el grado. El Ejecutivo retiró posteriormente su hoja de vida del portal de aspirantes de la Presidencia.
En el expediente también figura la responsabilidad atribuida a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación, quien fue destituido y denunciado por la institución. Según actas internas conocidas en el proceso, habría existido un acuerdo para que la joven cumpliera posteriormente con los requisitos pendientes.
Expertos en derecho penal advierten que la inasistencia a la imputación debe ser justificada formalmente. De lo contrario, la Fiscalía podría solicitar una orden de captura para garantizar la comparecencia o incluso avanzar en su judicialización en ausencia, bajo la figura de contumacia.
El caso, que ya había generado controversia política por su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro, entra ahora en una fase decisiva. El 10 de marzo se definirá si Guerrero acepta los cargos y si la Fiscalía logra avanzar hacia una eventual medida de aseguramiento.
