Una reciente certificación oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha encendido nuevamente la controversia en torno a Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien fue postulada para ocupar el Viceministerio de Juventudes, adscrito al Ministerio de la Igualdad.
El documento, emitido por el director de Tecnología e Información del Icfes, Luis Rodrigo Cadavid Durán, confirma que no existen registros de que Guerrero haya presentado los exámenes de Estado Saber Pro o Saber TyT, requisitos indispensables por ley para obtener un título universitario en Colombia. Esta certificación fue entregada en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó al Icfes divulgar la información tras una solicitud formal presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval.
El documento del Icfes que pone en duda la validez del título
Según el informe oficial, “no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (…) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior – Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica – Saber TyT”.
Sin embargo, el documento aclara que existe una inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para presentar la prueba Saber Pro el 9 de noviembre de 2025, en el programa de Contaduría Pública. Este dato sugiere que Guerrero aún no ha cumplido con el requisito académico exigido para la expedición de su título universitario, lo que pone en entredicho su idoneidad para ejercer cargos públicos que requieren formación profesional certificada.
Investigación interna en la Fundación Universitaria San José
La Fundación Universitaria San José, de donde Guerrero afirma haberse graduado, confirmó que adelanta una investigación interna por posibles irregularidades en la expedición del título de Contaduría Pública.
De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, se habrían detectado inconsistencias en el proceso académico y administrativo que derivaron en la apertura de una indagación por falsedad documental y daño informático.
Asimismo, la universidad informó que varios funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras avanza la investigación, y se notificó a las autoridades competentes para que determinen si hubo manipulación de registros o certificaciones oficiales.
Esta situación ha puesto bajo la lupa la confiabilidad de los sistemas académicos y el control institucional sobre la validación de títulos en Colombia, un tema sensible en el contexto de la función pública y la transparencia estatal.
Reacciones políticas y llamado a revisar los nombramientos
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza celebró la decisión judicial que permitió revelar la información y calificó la certificación del Icfes como una “prueba irrefutable de la falta de mérito académico” de Guerrero.
Pedraza insistió en que el Ministerio de la Igualdad debe “revisar con urgencia la idoneidad de los nombramientos”, subrayando la importancia de que los funcionarios designados cumplan con los estándares legales y académicos exigidos para cada cargo.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha oficializado el nombramiento de Juliana Guerrero. Fuentes cercanas al Ministerio aseguran que el proceso se mantiene en evaluación, mientras que la candidata sostiene que obtuvo su título “de manera legítima” y que la controversia responde a un “malentendido administrativo”.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la transparencia pública?
El caso de Juliana Guerrero abre un debate más amplio sobre la verificación de títulos y la rigurosidad con que las entidades públicas deben revisar las hojas de vida de los aspirantes a cargos de alta responsabilidad.
Expertos en educación señalan que los exámenes Saber Pro y Saber TyT no son simples trámites, sino instrumentos esenciales para evaluar la calidad de la formación superior y garantizar que los profesionales cumplan con las competencias mínimas establecidas por el Estado.
En ese sentido, la falta de registro de estos exámenes en la base de datos del Icfes podría significar no solo una irregularidad académica, sino también una vulneración de la confianza pública en los procesos de selección y nombramiento dentro del Gobierno.
