En medio de las investigaciones por el atentado armado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación reveló un hallazgo que ha encendido las alarmas en el entorno político y de seguridad de la capital: se encontraron 30 fotos del alcalde Carlos Fernando Galán en el teléfono del sicario capturado tras el ataque.

El atacante, un menor de edad detenido por disparar contra Uribe, tenía en su dispositivo móvil una carpeta con múltiples imágenes del mandatario bogotano en diferentes escenarios públicos. La revelación fue hecha por fuentes judiciales cercanas al caso, quienes señalaron que este material podría implicar una amenaza directa contra el alcalde de Bogotá o, al menos, una posible vigilancia sistemática previa a una acción violenta.

Además del archivo fotográfico de Galán, también se descubrió en el celular una imagen de la fiscal general Luz Adriana Camargo, lo que refuerza las hipótesis sobre un patrón de seguimiento a figuras públicas de alto perfil.

Fiscalía evalúa nuevas hipótesis en el caso Uribe

Este nuevo descubrimiento ha llevado a que las autoridades amplíen el espectro de la investigación. Aunque el blanco principal del atentado fue Miguel Uribe, ahora se investiga si existían otros posibles objetivos políticos, incluido el propio alcalde Galán.

La inclusión del nombre del alcalde en esta línea investigativa es particularmente delicada dada su posición como jefe del gobierno distrital y su exposición constante en eventos públicos. Según fuentes de la Fiscalía, no se descarta que el joven sicario haya actuado bajo órdenes externas, dentro de un esquema más amplio de atentados contra líderes políticos.

El hallazgo genera nuevas tensiones en el panorama de seguridad urbana en Bogotá, que en los últimos meses ha estado marcada por incidentes graves como amenazas a concejales, funcionarios de la Alcaldía y miembros de la Fuerza Pública.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado un plan estructurado contra Galán, las imágenes en poder del presunto atacante podrían ser prueba de una posible planeación, seguimiento o, en el menor de los casos, de una recopilación ilegal de datos sensibles sobre una autoridad electa.

Reacción política y medidas de seguridad

La revelación ha generado un fuerte eco entre los sectores políticos y la ciudadanía. Voceros del Distrito expresaron su preocupación y anunciaron que se reforzarán los esquemas de protección del alcalde Carlos Fernando Galán, quien, según fuentes cercanas, ya fue informado de los hallazgos y ha solicitado prudencia en las conclusiones mientras avanza el análisis forense del contenido del celular.

Desde el Senado, el propio Miguel Uribe calificó la situación como “sumamente grave” y pidió garantías de seguridad para todas las figuras públicas que hoy enfrentan riesgos por sus posturas políticas. También insistió en que se investigue a fondo si detrás del atentado existe un móvil político o ideológico.

Organismos de inteligencia ya trabajan de forma coordinada con la Fiscalía para establecer si el contenido hallado hace parte de una red más amplia de seguimiento, instrumentalización de menores o sicariato urbano con fines políticos. El hecho de que el atacante sea un menor ha añadido otra capa de complejidad al caso, tanto en términos judiciales como sociales.

Por el momento, las autoridades no han revelado más detalles del resto de información contenida en el dispositivo móvil, pero se prevé que los avances en las pesquisas puedan dar pie a nuevas capturas o líneas de investigación en los próximos días.

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