En medio del escándalo de corrupción UNGRD, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, habría recibido apoyo del Gobierno Nacional para obtener su residencia en Nicaragua. La información, revelada por Noticias RCN, señala que la gestión se habría realizado el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta participación en un entramado de corrupción millonario.
Documentos oficiales indican que la Embajada de Colombia en Nicaragua envió una solicitud al Ministerio de Migración y Extranjería de ese país para regularizar y renovar el estatus migratorio de González, cuya residencia estaba próxima a vencer el 14 de junio de 2025. La carta lo menciona como “compañero González” y pedía urgencia en el trámite.
Posturas encontradas sobre la gestión diplomática
La revelación ha generado interrogantes sobre la participación de altos funcionarios en este proceso. Fuentes cercanas a la exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, aseguraron a W Radio que, durante su gestión en Cancillería, nunca recibió solicitudes ni autorizó trámites ante el gobierno nicaragüense a favor de Carlos Ramón González. Incluso enfatizaron que la exfuncionaria “nunca fue consultada” para adelantar dicha gestión, buscando desligarse de cualquier implicación.
Esta contradicción entre documentos diplomáticos y testimonios de exfuncionarios añade un matiz de tensión política. La falta de pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería mantiene la polémica abierta, mientras la opinión pública exige claridad sobre quién dio la orden de intervenir en el proceso migratorio.
Imputación de cargos y señalamientos de corrupción
El caso del exdirector del Dapre está directamente vinculado al escándalo de corrupción UNGRD, un proceso judicial de alto impacto que involucra la entrega irregular de contratos por cifras millonarias. Según el fiscal Gabriel Sandoval, Carlos Ramón González solicitó al entonces director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo de Jesús López Martínez, adjudicar contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y por 10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, con el objetivo de asegurar apoyo a proyectos legislativos del Gobierno.
La investigación también reveló que, en septiembre de ese mismo año, González pidió modificar el esquema de pagos: 3.000 millones de pesos en efectivo para Iván Name y 1.000 millones en efectivo para Andrés Calle. Estos cambios buscaban agilizar la entrega de los recursos exigidos por los congresistas, en un movimiento que la Fiscalía tipifica como cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra González?
La imputación de cargos marca un punto decisivo en el proceso contra Carlos Ramón González. De ser hallado culpable, enfrentaría severas penas por delitos que comprometen no solo recursos públicos, sino la confianza ciudadana en las instituciones. La coincidencia entre la imputación y la gestión para obtener su residencia en Nicaragua ha levantado sospechas sobre una posible estrategia para asegurar un refugio político o evitar un eventual proceso de extradición.
En medio de la controversia, la falta de respuestas oficiales deja un vacío que alimenta la especulación. Mientras tanto, el caso sigue bajo la lupa mediática y judicial, convirtiéndose en uno de los expedientes más delicados para el actual Gobierno. La pregunta que queda en el aire es: ¿fue la gestión migratoria un acto humanitario o una maniobra para eludir la justicia colombiana?
