En un giro estratégico ante los bloqueos legislativos, el Gobierno Nacional radicó el pasado 19 de mayo de 2025 una nueva solicitud de consulta popular ante el Congreso de la República. La propuesta incluye 16 preguntas, de las cuales 12 se centran en derechos laborales y 4 abordan el sistema de salud. Esta medida llega tras el hundimiento del primer intento de consulta, rechazado por el Senado con una votación de 49 contra 47 votos.
La administración del presidente Gustavo Petro ha defendido este nuevo intento como una manifestación de la soberanía ciudadana, basada en el artículo 3º de la Constitución, que reconoce al pueblo como constituyente primario. Desde el Ejecutivo, se considera que el Legislativo ha impuesto una “mordaza” institucional que frena reformas estructurales clave, como la reforma laboral y la reforma a la salud, dos de las promesas centrales del actual gobierno.
Uno de los voceros gubernamentales fue enfático: “Queremos que sean los colombianos quienes decidan el rumbo de los derechos laborales y del derecho a la salud en las urnas”.
Reforma laboral: 12 preguntas para redefinir el trabajo en Colombia
La columna vertebral de la propuesta vuelve a ser la reforma laboral, con doce interrogantes diseñados para consultar directamente al electorado sobre aspectos estructurales del mundo del trabajo. Las preguntas abordan temas como la formalización laboral, el pago de recargos dominicales, la regulación del trabajo en plataformas digitales, y la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El objetivo del Gobierno es modernizar el régimen laboral colombiano, garantizando estabilidad, condiciones justas y mayores garantías para los trabajadores. Estas iniciativas han sido frenadas por la oposición legislativa, razón por la cual se recurre nuevamente a la consulta como herramienta de participación ciudadana.
Este enfoque intenta responder a una percepción creciente entre la ciudadanía: según una encuesta de Datexco, cerca del 48% de los colombianos desaprueban la decisión del Senado de bloquear el primer intento de consulta.
Reforma a la salud: soberanía farmacéutica y transformación del sistema
El aspecto más novedoso de la nueva consulta está en la inclusión de cuatro preguntas centradas en la reforma a la salud, todas orientadas a transformar el modelo actual. Estos son los ejes propuestos:
Medicamentos esenciales y soberanía farmacéutica
El Ejecutivo propone que el Estado asuma la producción o compra de medicamentos esenciales, con el fin de garantizar su acceso oportuno y completo. El presidente Petro ha defendido esta medida como una forma de romper con los “monopolios especulativos” del mercado farmacéutico y reducir los costos de los tratamientos para la población.
Giro directo y rol de las EPS
Otra de las preguntas propone eliminar la función de intermediación financiera de las EPS y transformarlas en gestoras de salud. El pago a clínicas y hospitales lo asumiría directamente el ADRES. Según el Gobierno, este modelo ya se ha implementado de forma parcial con pagos directos por más de 4 billones de pesos, demostrando su viabilidad.
Modelo de atención primaria
La tercera pregunta busca consolidar un modelo de atención primaria en salud, con enfoque preventivo y territorial. El objetivo es fortalecer la red pública y garantizar la atención médica desde los territorios, combinando servicios públicos, privados y mixtos para mejorar la cobertura y la eficacia.
Dignificación del talento humano en salud
Finalmente, se plantea un régimen especial para formalizar al personal de salud, asegurando salarios justos, estabilidad y plenos derechos laborales. El mandatario recordó que “los héroes de la pandemia hoy trabajan bajo órdenes de prestación sin garantías sociales”.
¿Es viable esta propuesta desde lo técnico y lo financiero?
El Gobierno ha reiterado que esta nueva consulta popular es financieramente viable. Según datos oficiales, la Cámara de Representantes ya aprobó un paquete de más de 6 billones de pesos: 3 billones provienen de impuestos saludables y otros 2,6 billones del “IVA social”. Además, se proyecta un aumento progresivo del gasto en salud, que alcanzaría el 1% del PIB en 2034.
El Ministro de Salud afirmó que “las objeciones financieras han sido superadas”, y que todos los recursos están incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En términos legislativos, el Congreso tiene plazo hasta el 17 de junio de 2025 para decidir si aprueba o no la convocatoria. Si recibe luz verde, el país podría acudir a las urnas en una jornada electoral extraordinaria a más tardar el 19 de septiembre de 2025.
¿Estrategia política o herramienta democrática legítima?
Sectores de la oposición han criticado la consulta, tildándola de posible estrategia electoral anticipada. Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que se trata de un recurso legítimo ante un bloqueo institucional. “Las dos consultas están vivitas y coleando”, declaró un funcionario, dejando claro que el Ejecutivo sigue apostando por la participación directa de la ciudadanía.
La discusión ahora está en manos del Congreso, pero el verdadero escenario de disputa podría trasladarse a las calles y a las urnas. La decisión que se tome podría redefinir no solo el sistema de salud y las condiciones laborales, sino también el equilibrio de poderes en Colombia.
