Resolución de la Anla, protestas de empresarios y críticas al gobierno de Gustavo Petro son las claves detrás de la reciente polémica que involucra al muelle 13 de Buenaventura, un punto estratégico para el comercio marítimo colombiano. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) determinó suspender las operaciones del Grupo Portuario en este muelle debido al presunto incumplimiento de normas ambientales, desencadenando un intenso debate político y empresarial.
Las razones tras la decisión de la Anla
De acuerdo con la resolución de la Anla, el concesionario del muelle 13 deberá implementar medidas efectivas de manejo y control ambiental antes de retomar operaciones. En el informe oficial, se citan condiciones insalubres y problemas de manejo que comprometen la calidad del ambiente y la seguridad alimentaria.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, apoyó esta decisión, presentando fotografías y documentación que, según ella, evidencian un estado preocupante de abandono en las instalaciones del muelle. Entre las imágenes divulgadas, se destacan situaciones como palomas posadas sobre granos almacenados para consumo humano, lo que generó alarma en la opinión pública.
“La salud y el cumplimiento de estándares ambientales no son negociables, y estas imágenes muestran que debemos actuar con firmeza”, afirmó Muhamad. La ministra enfatizó que el muelle debe someterse a rigurosas auditorías antes de considerar su reapertura.
Respuesta de los empresarios y contradicciones en las versiones
Pese a la contundencia de las declaraciones del Ministerio de Ambiente, el Grupo Portuario respondió negando las acusaciones y acusando a la ministra de divulgar información falsa. Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, publicó fotografías y videos que contradicen las pruebas presentadas por la Anla y el Ministerio. En sus imágenes, el muelle aparece limpio y organizado, sin señales de animales contaminando los granos.
Henao afirmó que los granos que están almacenados son de consumo animal y cumplen con todos los estándares sanitarios exigidos. “La ministra está tergiversando la información. Exigimos respeto para los empresarios colombianos y pedimos que se actúe con transparencia”, dijo Henao, quien también presentó un respaldo de la Secretaría Distrital de Salud.
El debate escaló rápidamente, y figuras políticas como la senadora María Fernanda Cabal no tardaron en sumarse a la controversia. La senadora criticó al Gobierno por lo que considera un ataque directo a la industria y a los empleos en Buenaventura. “Esto es persecución. ¿Acaso no les importan las decenas de trabajadores que dependen de este muelle? Solo buscan destruir en lugar de construir”, sostuvo Cabal, quien está posicionándose como precandidata presidencial para 2026.
La Procuraduría entra en escena
El papel de la Procuraduría General de la Nación fue clave para avivar aún más la discusión. A través de su delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero Ruiz, el organismo de control expresó serias dudas sobre la solidez de la medida tomada por la Anla.
“La suspensión del muelle 13 es drástica, pero además encontramos vacíos en el expediente. No hay certeza de que toda la documentación necesaria haya sido presentada o revisada adecuadamente”, explicó Guerrero. Debido a estos hallazgos, la Procuraduría anunció su intervención en el proceso administrativo. Ordenará visitas técnicas al muelle y a la empresa EPA Buenaventura para verificar las condiciones reales de la operación y garantizar que no se afecten los servicios portuarios.
Un conflicto con múltiples implicaciones
La controversia en torno al muelle 13 va más allá del cumplimiento ambiental. Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y sectores empresariales que exigen mayor apoyo y menos medidas restrictivas. Para Buenaventura, donde el empleo depende en gran medida de la actividad portuaria, la suspensión de este muelle podría tener serias implicaciones económicas y sociales.
A medida que las investigaciones avanzan, la gran pregunta es si la resolución de la Anla se mantendrá o si las presiones políticas y empresariales llevarán a una revisión del caso. Mientras tanto, la situación en el muelle 13 sigue siendo un símbolo de los desafíos que enfrenta Colombia para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.
