El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia, avanza con una propuesta que podría transformar de forma radical la política criminal en Colombia. Se trata de un borrador de decreto presidencial que permitiría adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la grave crisis de hacinamiento carcelario y redefinir el enfoque punitivo tradicional. El documento, aún en fase de socialización, introduce mecanismos de tratamiento penal diferenciado, reducción de penas, y mayor uso de sanciones no privativas de la libertad.
Esta propuesta se alinea con la filosofía de la Paz Total, promovida por el Gobierno actual, e incluye un modelo de justicia más restaurativo, orientado a la rehabilitación y a la disminución de la reincidencia. El decreto permitiría, por ejemplo, excarcelar personas condenadas por delitos menores o no violentos, cuando representen un bajo riesgo para la sociedad.
Tratamiento diferencial y enfoque de política criminal
El borrador plantea que la política criminal en Colombia debe responder a una estrategia integral que tenga en cuenta tanto la seguridad pública como la garantía de los derechos humanos. En este sentido, el decreto incorpora criterios de proporcionalidad, necesidad y selectividad para la imposición de penas.
Uno de los elementos centrales es el establecimiento de un tratamiento penal diferenciado, que busca individualizar la respuesta del Estado según la gravedad del delito, el contexto social del condenado y su nivel de peligrosidad. Esto implicaría un giro frente al enfoque tradicional que ha privilegiado la reclusión como respuesta automática.
Así, el Ministerio de Justicia propone un sistema que priorice las medidas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario, la vigilancia electrónica o la libertad condicional anticipada, especialmente en los casos de delitos no violentos o cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Descongestión carcelaria y excarcelaciones reguladas
La sobrepoblación en las cárceles colombianas ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales como un problema estructural de derechos humanos. Según datos oficiales, el sistema penitenciario opera por encima de su capacidad instalada, lo que dificulta las condiciones mínimas de salubridad y rehabilitación.
El borrador del decreto establece una serie de medidas para enfrentar esta situación mediante la descongestión carcelaria, permitiendo la excarcelación de personas que cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, quienes hayan cumplido al menos el 60% de su condena por delitos no graves, tengan buena conducta y se comprometan a participar en procesos de reintegración, podrían acceder a beneficios penales.
También se contempla la libertad para personas mayores de 60 años, personas con enfermedades graves o terminales, mujeres embarazadas o madres cabeza de hogar con hijos menores de tres años. Este enfoque busca humanizar el sistema penitenciario y reducir la población reclusa sin comprometer la seguridad ciudadana.
¿Qué implicaciones tendría esta reforma para el sistema judicial?
La implementación del decreto tendría repercusiones directas en el sistema judicial, la Fiscalía, los jueces de ejecución de penas y el INPEC. El Ministerio de Justicia sugiere la creación de un comité interinstitucional encargado de evaluar los casos de forma expedita y garantizar la transparencia en los procesos de excarcelación.
Además, se establece la necesidad de un sistema de seguimiento posterior, para asegurar que las personas beneficiadas con medidas alternativas cumplan con las condiciones impuestas. Esta supervisión incluiría apoyo psicosocial, orientación laboral y control judicial permanente.
El decreto también propone avanzar en una revisión profunda del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, de modo que la legislación refleje un enfoque más preventivo y menos punitivo. Esta reforma se fundamenta en una visión de justicia centrada en la dignidad humana y en la prevención del delito.
