El Gobierno nacional expidió un paquete de decretos legislativos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por las fuertes lluvias que han afectado a varias regiones del país. Las medidas buscan atender los daños provocados por la temporada invernal mediante ajustes presupuestales, medidas fiscales, ayudas sociales y disposiciones para reactivar la actividad económica en los territorios más impactados.
La emergencia fue declarada mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 por el presidente Gustavo Petro, tras concluir que la intensidad de los eventos climáticos generó una perturbación grave del orden económico y social. Las inundaciones han afectado infraestructura, servicios públicos y actividades productivas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Uno de los ejes del paquete normativo está relacionado con las medidas fiscales y presupuestales para financiar la atención de la emergencia. El Decreto 0240 introduce disposiciones tributarias extraordinarias, mientras que el Decreto 0241 autoriza ajustes al presupuesto nacional, traslados de recursos y la adición de nuevos fondos para cubrir gastos derivados de la crisis, incluidos programas sociales, reconstrucción de infraestructura y apoyo a comunidades afectadas.
Dentro de estas disposiciones se incluye la creación de un impuesto al consumo del 16 % para las apuestas en línea, aplicado a los depósitos que realizan los usuarios en plataformas de juego. También se modifica el impuesto al patrimonio para incluir a sucursales de empresas extranjeras en el país y se establece un impuesto temporal de normalización tributaria del 19 % para activos omitidos o pasivos inexistentes. Adicionalmente, se contemplan alivios para contribuyentes con deudas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes podrán acceder a reducciones en intereses y sanciones si cancelan sus obligaciones dentro de los plazos establecidos.
El paquete de decretos también contempla medidas orientadas a la reactivación económica y al apoyo a sectores productivos afectados por las lluvias. El Decreto 0212 establece un plan para la reactivación de los sistemas agroalimentarios con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos y recuperar las cadenas productivas rurales. La norma prioriza a pequeños y medianos productores y a organizaciones campesinas y comunitarias ubicadas en las zonas impactadas por la emergencia.
Otras disposiciones incluyen alivios para pequeños mineros mediante la suspensión temporal de intereses moratorios y sanciones administrativas relacionadas con regalías y canon superficiario. Asimismo, el Decreto 0214 establece medidas especiales para la facturación del servicio de energía eléctrica en los territorios afectados, incluyendo la suspensión del cobro a usuarios damnificados y la posibilidad de diferir pagos anteriores por hasta 12 meses.
En materia de infraestructura y servicios básicos, los decretos también contemplan acciones para vivienda, agua potable, transporte y educación. Entre ellas se encuentra la agilización de subsidios y programas de reubicación para familias damnificadas, la habilitación de recursos para proyectos de acueducto y saneamiento básico, así como medidas para la recuperación de vías afectadas por inundaciones y deslizamientos.
Las normas también autorizan al Instituto Nacional de Vías a ejecutar recursos extraordinarios para rehabilitar carreteras y puentes dañados, mientras que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa podrá intervenir en instituciones de educación superior ubicadas en zonas afectadas. Según el Ministerio de Educación, al menos 763 sedes educativas presentan daños por la temporada invernal, lo que impacta a cerca de 68.000 estudiantes.
Además, el paquete incluye la asignación de 8,6 billones de pesos para atender la emergencia, de los cuales 6,34 billones estarán destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para coordinar la recuperación temprana y la rehabilitación de infraestructura. Otros recursos se distribuirán entre sectores como salud, agua potable, programas sociales y entidades encargadas de la atención de emergencias, con el fin de mitigar los efectos de las lluvias y apoyar la recuperación de las regiones afectadas.
