Debido a las intensas lluvias que han azotado el país en las últimas horas, especialmente en el departamento del Chocó, el gobierno colombiano ha decidido decretar el estado de desastre nacional. La emergencia climática, que ha afectado a más de 40,000 familias en todo el territorio y ha dejado al 70% de Chocó bajo el agua, ha impulsado al presidente Gustavo Petro a tomar esta medida para permitir una intervención ágil y prioritaria en las zonas más afectadas.
Declaración de desastre: una respuesta a la crisis climática
El anuncio fue realizado después de una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), donde el presidente Petro confirmó la decisión de declarar el estado de desastre en todo el país, permitiendo al gobierno contar con facultades especiales para responder a las afectaciones generadas por las lluvias. La declaración faculta al ejecutivo para emitir decretos y medidas extraordinarias en aras de mitigar los daños y ofrecer asistencia directa a las comunidades en emergencia.
En palabras de Petro, la situación exige acciones contundentes: “Se declara la situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática que aumenta la vulnerabilidad en los territorios. Nos centraremos en todo el territorio nacional, pero hay tres zonas con escala mayor y es donde centraremos los esfuerzos: la Alta Guajira, Chocó y Bogotá”. Estas áreas, según el mandatario, presentan los mayores niveles de afectación y se han convertido en el foco de atención de las autoridades nacionales en sus planes de emergencia.
Impacto de las lluvias: comunidades bajo el agua y daños estructurales
Las lluvias han afectado a comunidades en toda Colombia, generando inundaciones, deslizamientos y pérdidas significativas en bienes y cultivos. Según datos preliminares, el departamento del Chocó ha sido el más golpeado, con más del 70% de su territorio en emergencia y numerosos caseríos y poblaciones aisladas debido a las inundaciones. La situación se agrava debido a las limitaciones de infraestructura y acceso en este departamento, que tradicionalmente ha enfrentado retos en términos de conectividad y servicios básicos.
El fenómeno ha desbordado las capacidades locales de respuesta, y el llamado a intervención urgente en la Alta Guajira y Bogotá refleja que estas regiones también enfrentan situaciones críticas, con comunidades enteras vulnerables ante la inestabilidad del terreno, crecidas de ríos y deterioro de viviendas e infraestructuras públicas. La magnitud de los daños subraya la necesidad de una acción nacional coordinada para proteger a las poblaciones afectadas y reducir los riesgos a corto y largo plazo.
Facultades especiales para el gobierno y un presupuesto de emergencia
La declaratoria de estado de desastre otorga al gobierno colombiano facultades especiales, permitiendo a través de decretos presidenciales agilizar procesos de contratación, movilización de recursos y toma de decisiones que permitan una respuesta rápida y efectiva. Este marco jurídico facilita, además, la coordinación entre distintas entidades del gobierno, lo cual es clave para garantizar que la ayuda llegue rápidamente a las zonas más necesitadas y se puedan ejecutar labores de reconstrucción en infraestructura vial, vivienda y servicios básicos.
En este sentido, se espera que en las próximas horas el presidente Petro firme el decreto que pondrá en marcha estas medidas excepcionales y que se anuncie el presupuesto asignado para enfrentar la situación, que podría superar los 700,000 millones de pesos. Este fondo de emergencia será destinado a financiar proyectos de asistencia directa, reconstrucción y mitigación del impacto de las lluvias en las comunidades afectadas.
Desafíos de la emergencia climática y la necesidad de prevención
El estado de desastre declarado por el gobierno pone de relieve la creciente vulnerabilidad de Colombia frente a los eventos climáticos extremos. La crisis actual es un recordatorio de la importancia de contar con un sistema de gestión de riesgos robusto y de invertir en infraestructura resiliente que permita enfrentar de manera adecuada estos fenómenos.
La variabilidad climática se ha convertido en una realidad que aumenta la fragilidad de las comunidades, y el Chocó, una región que enfrenta problemas estructurales de pobreza, falta de servicios básicos y deficiencias en infraestructura, sufre los impactos con mayor dureza. En este contexto, expertos en gestión de riesgos han señalado la importancia de implementar políticas de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios. Las obras de contención en zonas propensas a deslizamientos, mejoras en el sistema de alcantarillado y programas de reubicación de viviendas en áreas de alto riesgo son algunas de las medidas necesarias para minimizar los daños futuros.
