El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar al operador del dron que lanzó el explosivo que acabó con la vida de una madre y sus dos hijos en zona rural de Segovia. Además, ofreció hasta 50 millones de pesos por datos sobre los cabecillas de la estructura armada responsable del ataque.
El hecho ocurrió el 26 de febrero en la vereda La Jagua, donde un artefacto explosivo fue liberado desde un dron y cayó sobre la vivienda de la familia Silva. En el ataque murieron María Cecilia Silva Silva y sus hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva.
Un cuarto integrante de la familia, Carlos Arcaes Silva, de 50 años, resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la onda explosiva.
El ministro Sánchez calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo y cobardía, y cuestionó con dureza a los responsables. “¿Cómo se le puede llamar a quien emplea explosivos para lanzarlos de manera indiscriminada sobre hogares inocentes?”, expresó, al tiempo que aseguró que el crimen no quedará en la impunidad.
Aunque las autoridades no han confirmado qué grupo armado estaría detrás del ataque, en la zona confluyen disputas entre el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, en medio de una escalada violenta por el control de economías ilegales. Una de las hipótesis apunta al Frente 4 de las disidencias, pero el señalamiento sigue siendo materia de investigación.
El director de la Policía Nacional, general William Rincón, rechazó el ataque y afirmó que ninguna disputa criminal puede justificar agresiones contra civiles. Anunció que se reforzaron las acciones operativas e investigativas para ubicar a los responsables.
Desde el Gobierno se informó que se desplegaron capacidades de la Fuerza Pública en el nordeste antioqueño para localizar y neutralizar a los responsables. Las autoridades locales y la comunidad han exigido mayor presencia estatal ante el recrudecimiento de la violencia en esta subregión.
El caso ha generado indignación en Antioquia y reabre el debate sobre el uso de drones con explosivos en confrontaciones armadas, una modalidad que ha comenzado a impactar directamente a la población civil en zonas rurales del país.
