El nombre del general Juan Miguel Huertas Herrera volvió a ocupar la atención pública luego de que los archivos de alias Calarcá, revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, mencionaran supuestos nexos entre altos funcionarios y disidencias de las Farc. La revelación reabrió cuestionamientos sobre la trayectoria del oficial, actualmente encargado de la Dirección de Personal del Ejército.
Sin embargo, este no es el único episodio que compromete a Huertas dentro de la institución. Antes de asumir uno de los cargos más sensibles del Ejército, el oficial ya enfrentaba una investigación por una presunta ejecución extrajudicial ocurrida hace más de dos décadas, cuando ejercía como capitán en operaciones militares en el oriente antioqueño.
El operativo Marcial Norte y las inconsistencias del reporte oficial
El caso que involucra al general se remonta al 6 de julio de 2003, durante el operativo Marcial Norte en Granada, Antioquia. Según la demanda interpuesta por el Ministerio de Defensa en noviembre de 2024 contra Huertas y otros nueve uniformados, el entonces capitán reportó la muerte de cuatro supuestos integrantes del frente 9 de las Farc, quienes habrían sido abatidos en un combate registrado en la vereda San Cosme.
El informe oficial afirmaba que los hombres murieron en un enfrentamiento armado. Sin embargo, cuando los familiares de una de las víctimas, Norberto Jesús Izasa Guzmán, comenzaron a buscar respuestas, las autoridades municipales informaron que no existía registro alguno de enfrentamientos ese día. Además, certificaron que en Granada no existe ninguna vereda llamada San Cosme, una inconsistencia que abrió la puerta a nuevas dudas sobre la veracidad del operativo.
La ausencia de pruebas que respaldaran la tesis del combate, sumada a los hallazgos de las autoridades locales, llevó a que los hechos fueran considerados como una ejecución extrajudicial, un señalamiento que marcaría la trayectoria futura del oficial y de quienes participaron en la operación.
Decisiones judiciales y demandas posteriores contra los uniformados
En mayo de 2018, el Juzgado 33 Administrativo Oral de Medellín condenó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, a pagar una indemnización cercana a 700 millones de pesos a la familia de Izasa Guzmán. La decisión se basó en la responsabilidad del Estado por la muerte del joven, declarada como injustificada en el marco de la operación militar.
Tras la sentencia, el Ministerio de Defensa presentó una demanda de repetición para que Huertas y los demás oficiales vinculados al caso respondieran patrimonialmente. Los documentos obtenidos por La W identificaron a los demandados: Juan Miguel Huertas Herrera, Nelson Carvajal Chisco, Emerson Castañeda Morales, Edgar Barranza Rincón, Antonio Polo Mesa, Dagnober Morales Muñoz, Fernando Londoño Marín, Jhon Seguro Oquendo, Javier Vargas Jiménez y Orlando Campero Caro.
La demanda fue radicada el 20 de noviembre de 2024 y enviada a revisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, el despacho concluyó que la acción había sido presentada por fuera del tiempo legal permitido, por lo que no podía avanzar bajo esos términos. Ante esta determinación, la apoderada del Ministerio interpuso una apelación ante el Consejo de Estado, con el fin de que el alto tribunal evaluara nuevamente la procedencia de la demanda.
El abogado Jorge William Sánchez explicó que será el Consejo de Estado el que decida si el proceso continúa o si queda finalmente archivado. Hasta ese momento, la situación jurídica de los oficiales permanece en un punto crítico que dependerá exclusivamente de la revisión del tribunal.
La permanencia del general Huertas en el Ejército y el contraste político
Mientras el caso avanza en instancias administrativas, Huertas fue confirmado en su cargo dentro del Ejército, a pesar de que la propia cartera de Defensa lo tiene incluido en un proceso de repetición por una muerte que la justicia determinó como responsabilidad del Estado. Esta permanencia genera interrogantes, especialmente por el rol del oficial en una de las áreas más estratégicas dentro de la estructura militar.
Aunque el proceso que lo vincula es de carácter civil, llama la atención que el presidente Gustavo Petro decidiera reintegrarlo en agosto al cargo que hoy ocupa, teniendo en cuenta que el general ha sido investigado en Antioquia por casos asociados a falsos positivos, un capítulo ampliamente cuestionado por organismos nacionales e internacionales.
Esta decisión contrasta con la postura que el propio mandatario ha expresado de manera vehemente contra esa práctica, recientemente calificada por la JEP como un patrón criminal aplicado a nivel nacional y denunciada en su momento por el presidente cuando ejerció como congresista. La contradicción percibida entre esa posición y la permanencia del general al frente de un cargo de alta relevancia administrativa añade un componente adicional a la controversia.
El desarrollo del caso ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si la demanda de repetición continúa o si se archiva de manera definitiva, un fallo que podría incidir en la continuidad del general dentro de la institución.
